La Fundación Érguete-Integración presentó esta mañana, ante la Valedora do Pobo, en Santiago de Compostela, el informe “Consecuencias de la supresión del subsidio de excarcelación e impacto social en Galicia”, en el que analiza los efectos de la eliminación de esta prestación y su sustitución por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que la entidad califica como un retroceso social histórico en el ámbito de la reinserción penitenciaria.

En el acto intervinieron María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo Galego; Teresa Jiménez-Becerril Barrio, adjunta primera al Defensor del Pueblo de España; Andrés Jiménez Rodríguez, Director del área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo de España; Rubén Cagiao Avendaño, Presidente de la Fundación Érguete-Integración; Antía Cisneros Galovart, abogada y miembro del Patronato de la entidad, y María Rodríguez Lago, educadora social y técnica en medio penitenciario en la Fundación.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de los centros penitenciarios de Galicia y de entidades sociales que desarrollan parte de su trabajo en el ámbito penitenciario.

Incremento de la exclusión social, la desprotección y el riesgo de reincidencia

La Fundación, que desarrolla su trabajo en distintos centros penitenciarios de Galicia desde hace más de veinte años, alerta de que la supresión de la prestación está teniendo consecuencias directas sobre la situación de vulnerabilidad de las personas que salen de prisión. Según recoge el informe, el sistema actual ignora la singularidad del proceso de excarcelación y erosiona el principio constitucional de reinserción social de las penas.

Entre los principales impactos detectados, la entidad señala que el nuevo marco penaliza especialmente a las personas que carecen de apoyo familiar, vivienda estable o documentación en regla; burocratiza el acceso a la protección social y traslada a las unidades de convivencia la responsabilidad económica y material de la persona excarcelada.

Asimismo, desaparece el componente restaurativo que, en determinados delitos graves, incorporaba mecanismos de protección del interés de las víctimas orientados al resarcimiento del daño o a la petición expresa de perdón.

La consecuencia inmediata es un incremento de la exclusión social y de la desprotección -que afecta tanto a las personas excarceladas como, indirectamente, a determinadas víctimas-, así como un aumento del riesgo de reincidencia.

Un impacto agravado en Galicia

El informe presentado esta mañana ante la Valedora advierte también de que esta reforma incrementa la desigualdad territorial, dado que el IMV se gestiona de forma centralizada mientras que los recursos de acompañamiento social dependen de la capacidad de cada comunidad autónoma. En este contexto, Galicia resulta especialmente perjudicada por la limitada red de recursos residenciales y de inserción laboral disponible.

A esto se suma que la población excarcelada en el territorio gallego presenta elevados niveles de desempleo, desestructuración familiar y escasez de recursos sociales de acompañamiento, sin que existan mecanismos autonómicos suficientes para compensar estas carencias. Además, los servicios sociales municipales no disponen de los medios necesarios para ofrecer respuestas inmediatas a este colectivo.

Propuestas a la Valedora do Pobo

Ante esta situación, la Fundación Érguete-Integración solicitó a la Valedora do Pobo de Galicia que analice de oficio el impacto de la supresión del subsidio de excarcelación sobre el derecho a la reinserción social de las personas excarceladas en Galicia. Asimismo, insta a la adopción de medidas correctoras, tanto a nivel autonómico como estatal, que garanticen una cobertura económica inmediata tras la salida de prisión, respetando la finalidad resocializadora de las políticas penitenciarias.

Entre las propuestas concretas recogidas en el informe, figura la solicitud, a los organismos competentes, de una evaluación exhaustiva del impacto de la medida, especialmente en términos de pobreza, reincidencia y exclusión social. El documento señala también la necesidad de revisar el marco normativo vigente, valorando opciones como la modificación de la Ley 19/2021 del IMV para reconocer expresamente la excarcelación como situación específica de vulnerabilidad, la creación de una prestación transitoria automática desde Instituciones Penitenciarias o la posibilidad de iniciar la solicitud del IMV antes de la salida de prisión. Asimismo, la entidad insta a facilitar el empadronamiento y la actualización documental de las personas excarceladas, así como reducir los trámites burocráticos necesarios para solicitar la prestación.

De la prestación específica al IMV

El subsidio de excarcelación fue creado en 1995 con el objetivo de facilitar la transición a la vida en libertad de las personas excarceladas, ofreciendo un apoyo económico temporal orientado a evitar la exclusión y reducir el riesgo de reincidencia. Esta prestación reconocía expresamente las dificultades específicas de este colectivo para acceder al empleo y a los recursos básicos tras cumplir la condena, actuando como puente entre la prisión y la inserción social y laboral.

Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, el 1 de noviembre de 2024, supuso la eliminación de esta ayuda y su integración en el régimen del IMV, una prestación de carácter general dirigida a prevenir situaciones de pobreza y exclusión social, pero que no tiene en cuenta la especificidad del proceso de excarcelación. Se trata de una modificación de alcance estatal que, según el informe presentado, genera un vacío de protección en las primeras semanas en libertad, un período especialmente crítico en el que se incrementa el riesgo de exclusión social y de reincidencia.