El Pleno del Concello de Vigo aprobó este lunes por unanimidad una declaración institucional en la que se condena la agresión israelí contra la Global Sumud Flotilla, una misión con destino a Gaza que transportaba ayuda humanitaria.

La declaración subraya que el Gobierno de España está mostrando un firme compromiso con la defensa del derecho internacional, así como con la condena del “genocidio” que, según se recoge en el texto, sufre la población de Gaza, y con el rechazo a las guerras ilegales que se producen a nivel global, incluida la guerra en Ucrania.

Asimismo, se destaca que este posicionamiento cuenta con un apoyo mayoritario de la sociedad española, que ha mostrado de forma clara su defensa de la democracia, la paz y los mecanismos del derecho internacional como vías para la resolución de conflictos.

En este contexto, son numerosas las iniciativas ciudadanas orientadas a la defensa de los derechos humanos y a la solidaridad con el pueblo palestino. Entre ellas se cita la Global Sumud Flotilla, que recientemente habría sufrido un ataque militar israelí en aguas internacionales de libre navegación, dentro de la zona SAR de Chipre, cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la declaración, estos hechos suponen una grave vulneración del derecho marítimo internacional, de la libertad de navegación en alta mar y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por todo ello, el Concello de Vigo expresa su condena al asalto a la Global Sumud Flotilla y manifiesta su apoyo institucional a todas las personas integrantes de la misión humanitaria, con especial mención a los ciudadanos y ciudadanas gallegas que formaban parte de la tripulación.

También rechaza el maltrato y las humillaciones sufridas por los activistas por parte de las autoridades israelíes, un trato que el Gobierno de España ha calificado previamente como “inaceptable, inhumano y vergonzoso”.

Asimismo, el Concello reconoce el compromiso de las personas participantes con la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional, e insta a las instituciones gallegas, estatales y europeas a adoptar, dentro de sus competencias, las medidas diplomáticas e institucionales necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la tripulación de la flotilla.