Trabajadores de Supermercados DIA, convocados por la CIG-Servizos, protagonizaron este martes una concentración ante el establecimiento de la Avenida de Samil, en Vigo, para exigir que la empresa aplique los salarios establecidos en el convenio provincial del sector de alimentación de Pontevedra.

La protesta se desarrolló entre las 11:30 y las 12:15 horas, apenas un día antes de la celebración de los primeros juicios por reclamación de cantidades presentados por cuatro empleadas que reclaman las diferencias salariales que consideran les corresponden.

Durante la concentración, los participantes corearon consignas como «Queremos cobrar polo convenio provincial», «DIA, escoita, estamos en loita» y «Explotadas no comercio por un soldo miserento», reclamando el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La movilización llega después de que la Inspección de Trabajo resolviera favorablemente una denuncia presentada por la CIG el pasado año, concluyendo que la empresa cometió una infracción muy grave al abonar salarios inferiores a los establecidos en el convenio provincial.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, se obligó a la empresa a aplicar las condiciones salariales del convenio de Pontevedra y se inició una liquidación de cuotas a la Seguridad Social por importe de 120.000 euros.

La denuncia sindical se apoyó en la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, aprobada en 2021, que eliminó la prioridad salarial de los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales.

Desde la CIG-Servizos recuerdan que esta situación afecta a 53 trabajadores, cuyas diferencias salariales oscilan entre 100 y 350 euros mensuales, dependiendo de cada caso.

El sindicato destaca en gallego que «consideramos moi importante o que recolle a acción inspectora, dado que esta situación afecta a 53 persoas traballadoras na empresa con diferenzas de 100 até 350 euros», poniendo de relieve la repercusión económica que tiene este conflicto para la plantilla.

La central sindical lamenta que el conflicto haya llegado a los tribunales después de que la dirección de la empresa rechazara abrir una mesa de negociación para aplicar la normativa vigente.

En este sentido, la CIG denuncia que «a dirección asegura que non vai aplicar a acta da autoridade laboral até que non estea obrigada por resolución xudicial», una postura que ha motivado la presentación de las reclamaciones judiciales que comenzarán a resolverse en los próximos días.