El Partido Popular de Gondomar ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso potestativo de reposición contra la ratificación del convenio firmado entre el Concello y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) para desarrollar la Fase II del polígono industrial de A Pasaxe. La formación sostiene que el documento supone un grave perjuicio para los intereses municipales y reclama su anulación para redactar un nuevo convenio.

La portavoz municipal del PP, Paula Bouzós, explicó que la decisión llega después de que el Gobierno local rechazara las alegaciones presentadas por los populares en septiembre del pasado año, una respuesta que consideran basada en una «interpretación errónea de la normativa» y que, a su juicio, ignora los intereses de Gondomar.

Los populares articulan su recurso en torno a cinco grandes argumentos, entre ellos la cesión íntegra del aprovechamiento urbanístico a la Zona Franca, la ausencia de un estudio de viabilidad económico-financiera, las posibles responsabilidades económicas que podría asumir el Concello, la falta de soluciones para los vecinos afectados y la exclusión de la Comunidad de Montes de Vincios del proceso negociador.

El PP considera especialmente grave que el convenio entregue el 100 % del aprovechamiento urbanístico al Consorcio de la Zona Franca, privando al Concello, según sostiene, del porcentaje que le correspondería para incrementar su patrimonio municipal de suelo. «Este convenio supón unha descapitalización permanente e inxustificada do patrimonio municipal. O Concello non pode renunciar ao aproveitamento urbanístico que lle corresponde por lei», afirmó Paula Bouzós.

Otro de los aspectos cuestionados por el grupo popular es el compromiso económico que asume el Ayuntamiento, con un gasto plurianual que supera los 31 millones de euros, entre expropiaciones y obras de urbanización, sin que exista —según denuncia— un estudio previo que avale la sostenibilidad financiera de la operación.

Además, el PP recuerda que la propia Intervención Municipal habría advertido de la ausencia de ese informe y critica que el convenio permita a la Zona Franca paralizar unilateralmente la actuación si deja de ser rentable. «Estamos ante unha auténtica espada de Damocles para as arcas municipais. Se o proxecto deixa de ser rendible, a Zona Franca pode retirarse e o Concello queda completamente indefenso», aseguró la portavoz popular.

El recurso también pone el foco en una cláusula del convenio que, según el PP, obligaría al Ayuntamiento a indemnizar al Consorcio por las inversiones realizadas si se produjera una «paralización dolosa» del proyecto.

Para los populares, la interpretación de ese concepto podría dar lugar a importantes reclamaciones económicas derivadas incluso de retrasos administrativos o decisiones adoptadas por futuras corporaciones municipales.

El Partido Popular denuncia igualmente que el convenio no contempla alternativas habitacionales para la vivienda afectada por el desarrollo del polígono ni prevé recursos para el traslado del campo de fútbol del Club Deportivo Vincios, cuestiones que consideran fundamentales antes de ejecutar el proyecto. «Non se pode aprobar un convenio destas características sen ofrecer solucións ás familias afectadas nin ao Club Deportivo Vincios. Iso é abandonar a defensa dos intereses da veciñanza», señaló Bouzós.

Los populares también critican que la Comunidad de Montes de Vincios, principal propietaria de los terrenos implicados, haya quedado fuera de las negociaciones, una circunstancia que, a su juicio, incrementa el riesgo de conflictos judiciales. «Forzar este polígono de costas aos comuneiros só conducirá á xudicialización do proxecto. O diálogo era imprescindible desde o primeiro momento», manifestó la portavoz.

Ante esta situación, el PP de Gondomar estudia solicitar formalmente la nulidad del acuerdo de ratificación del convenio y la suspensión de su ejecución hasta que se elabore un nuevo documento que incorpore los informes técnicos y económicos necesarios y, según defiende la formación, garantice la protección del interés general. «Esiximos un novo convenio que corrixa todas estas deficiencias, incorpore os informes obrigatorios e garanta o futuro dos veciños de Gondomar por riba de calquera outro interese», concluyó Paula Bouzós.