La Alianza pola Vivenda de Vigo reclama al alcalde, Abel Caballero, que reconsidere su negativa a solicitar la declaración de Vigo como zona de mercado residencial tensionado y defiende la aplicación de medidas de control de los alquileres como una de las herramientas para hacer frente a la escalada de los precios de la vivienda.
La organización expresa su malestar por las declaraciones realizadas por Caballero en una entrevista en Radio Galicia-Cadena SER el pasado 4 de octubre, en la que, según señala la plataforma, descartó solicitar la declaración de Vigo como zona tensionada y defendió otras medidas municipales relacionadas con la rehabilitación y los programas de intermediación del alquiler.
La Alianza recuerda que el Concello de Vigo encargó un estudio externo sobre la posible declaración de zona tensionada que, según la organización, está en poder del Gobierno local desde abril de 2025. El documento, asegura, concluye que el mercado residencial de Vigo responde a los criterios de una zona tensionada e identifica 17 áreas dentro de la ciudad.
Según los datos que maneja la plataforma a partir de ese estudio, la aplicación del control de los alquileres podría suponer un ahorro para los inquilinos de entre 120 y más de 800 euros, dependiendo de la zona de Vigo.
La Alianza pola Vivenda reconoce que el control de los alquileres no constituye por sí solo una solución a la crisis habitacional y considera necesario acompañarlo de medidas de inspección y sanción, además de un incremento del parque público de vivienda permanente.
No obstante, defiende que se trata de un primer paso y sostiene que en ciudades y territorios donde se ha aplicado, como A Coruña, Barcelona o diferentes localidades de Euskadi, ha contribuido a limitar las subidas de los alquileres.
La plataforma señala que el precio del alquiler en Vigo aumentó cerca de un 10% en 2025 y cuestiona que el Gobierno local no opte por solicitar la declaración de zona tensionada. También considera que las medidas alternativas planteadas por Caballero, como la rehabilitación o los programas de intermediación, no son incompatibles con el control de los alquileres.
Además, recuerda que el Pleno del Concello de Vigo aprobó el 25 de marzo de 2024 iniciar los trámites necesarios para solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada. Más de dos años después, denuncia la Alianza, ese acuerdo continúa sin ejecutarse.
La organización también cuestiona los resultados de algunas de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento. En el caso del programa ViveVigo, recuerda que fue presentado en marzo de 2026 con una dotación de 700.000 euros, pero sus bases no fueron publicadas hasta el 24 de septiembre, más de seis meses después.
La Alianza reclama conocer un balance público que permita determinar cuántas viviendas se han incorporado al programa y cuántas familias se han beneficiado efectivamente.
Respecto al programa estatal Casa 47, la plataforma critica que establezca un umbral mínimo de ingresos equivalente a dos veces el IPREM, una condición que, a su juicio, puede dejar fuera a personas con pensiones o ingresos muy bajos mientras permite acceder a hogares con rentas superiores.
La organización también pone el foco en el patrimonio municipal y recuerda que entre 2014 y 2017 el Concello de Vigo sacó a subasta 40 viviendas municipales de la calle República Argentina. Según denuncia, esos inmuebles fueron vendidos y los recursos obtenidos no se destinaron a crear un parque público de alquiler ni a medidas de emergencia habitacional.
La Alianza pola Vivenda cuestiona asimismo el ritmo de puesta en marcha de la Empresa Municipal de Vivenda, EMVIGO, cuya creación fue anunciada por el Concello el 27 de junio de 2025.
Según la plataforma, no fue hasta el 29 de septiembre de 2025 cuando se aprobó la creación de la comisión de estudio para su puesta en funcionamiento y la memoria justificativa para la gestión directa del servicio no recibió una aprobación inicial del Pleno hasta el 27 de julio de 2026.
La organización asegura que, a día de hoy, no existe un balance público que permita conocer cuántas viviendas han sido incorporadas, entregadas o puestas en alquiler a través de EMVIGO, ni cuántas familias han encontrado una solución habitacional mediante esta herramienta.
Ante esta situación, la Alianza pola Vivenda considera que Vigo necesita avanzar hacia un parque público de vivienda en alquiler social, especialmente mediante el aprovechamiento de vivienda ya construida, y vuelve a reclamar el cumplimiento del acuerdo plenario para iniciar la declaración de la ciudad como zona tensionada.
La plataforma considera además imprescindible la cooperación entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia y reclama que las discrepancias políticas entre ambas administraciones no se conviertan en un obstáculo para afrontar la crisis de vivienda.
La Alianza pide al Gobierno municipal que ejerza presión y fiscalización para que la Administración autonómica cumpla sus competencias en materia de vivienda y reclama que Concello y Xunta trabajen de manera coordinada para ofrecer respuestas urgentes y efectivas, especialmente dirigidas a las personas y familias con mayores dificultades económicas.
La organización concluye que la vivienda no puede quedar relegada por las disputas partidistas ni convertirse en un intercambio de responsabilidades entre administraciones, y reclama medidas que permitan afrontar la situación habitacional de Vigo con actuaciones concretas y resultados verificables.