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Antes de que finalice el año, el Concello de Baiona tiene que tener redactado el plan para ejecutar la sentencia de derribo de un edificio de la calle Julián Valverde de Sabarís, declarado ilegal en el 2005 por el TSXG.

El auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que fue ratificado cinco años después por el Tribunal Supremo, anula el estudio de detalle y la licencia que fue concedida en el año 2000 por el ex alcalde de Baiona, Benigno Rodríguez Quitas, para la construcción de 19 viviendas y 5 bajos comerciales.

El TSXG ordena ahora al Concello de Baiona a que redacte el plan para ejecutar la sentencia e insta al alcalde advirtiéndole con multas coercitivas si no cumple con los plazos establecidos. “Tenemos que cumplir la Ley, por lo que el ejecutivo ya está preparando el cronograma que incluye el proyecto de derribo del inmueble”, explica el alcalde, Carlos Gómez.

La comunidad de propietarios reclama al consistorio 6,1 millones de euros de indemnización. “Nuestra obligación es acatar las órdenes judiciales y así lo haremos, pero también es la de defender los intereses de todos los administrados. El departamento de Urbanismo está trabajando a contrarreloj. Intentamos agotar todas las posibilidades para buscar un encaje que salve el inmueble, porque esas posibles indemnizaciones supondrían una hipoteca de futuro para Baiona y un condicionante para el desarrollo de nuestro proyecto, señala Gómez, quien recuerda que el presupuesto anual del Concello es de 8,5 millones de euros.

La ilegalidad del inmueble radica en que la vivienda contigua forma parte del conjunto histórico de Baiona y, al levantar el edificio, no se respetó el área de protección que goza todo bien de interés cultural. Además, las obras rebasaron la edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico de la zona. La aprobación del estudio de detalle y la concesión de la licencia no se llevaron a cabo sin la publicidad requerida para este tipo de acuerdos. El gobierno municipal tardó meses en publicar las autorizaciones cuando ya había caducado el periodo de presentación de alegaciones.

Los vecinos de la casa contigua denunciaron al Concello y a la promotora del inmueble. La justicia les dio la razón. El TSXG falló en el 2005 a su favor y anuló la licencia y el estudio de detalle. La promotora presentó un recurso de casación ante el Supremo, que confirmó la ilegalidad de edificio en el 2010. Tres años después, el Concello de Baiona declaró el inmueble “ilegalizable”.

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