Nigrán inició esta semana las obras de saneamiento en la calle Salgueiral y en el Camiño do Regueiro, situados en la parroquia de Camos. Esta actuación se realizará a lo largo de este mes, de manera que a finales de febrero ambas vías estén ya en funcionamiento.
Dentro del mismo proyecto se incluye el abastecimiento de agua para el Camiño do Monte, en Navás (Priegue), finalizado en el mes de diciembre de 2015.
El Concello de Nigrán invirtió en estas obras 86.000 euros (sin IVA), cumpliendo así con su parte del convenio firmado con Augas de Galicia en 2013 y que fue anulado unilateralmente el 27 de julio por parte de la Xunta de Galicia, organismo que se había comprometido a llevar el saneamiento a Parada y Camos.
Precisamente, en Camos se instaló una red general enterrada a lo largo de 3.110 metros de la PO-332, desde O Torreiro de As Angustias al Centro Cultural A Camoesa. Esta nueva canalización, ya concluida, permitirá que partan de ahí las redes secundarias de las poblaciones de la zona, tanto para esta parroquia como para Parada y otros núcleos de Nigrán. Esto permitirá una mejora de la conexión al polígono industrial Puerto do Molle, gracias a la instalación de arquetas y cruces para las redes secundarias.
Por otra parte, el alcalde de Nigrán Juan González, confía en que la Xunta de Galicia rectifique su decisión de anular el convenio de abastecimiento y lo reactive de manera inmediata. El alcalde del municipio ya informó en el Pleno ordinario del mes de enero que antes de interponer un recurso contencioso contra la Xunta de Galicia se hará un último intento de hacer llegar de nuevo a Augas de Galicia y a la propia Xunta de Galicia la petición expresa de que cumplan su parte en el convenio.
El citado acuerdo, firmado en 2013 y por lo que se llevaba a cabo las obras de saneamiento y abastecimiento a las parroquias del municipio de Nigrán, contaba con una dotación de 800.000 euros por parte de la Xunta de Galicia y de 20.000 euros por parte del Concello de Nigrán.
En el caso concreto de Parada, tenía un presupuesto de 553.216,85 euros y era considerada prioritaria por el actual gobierno, de ahí que la cuestión fuera llevada a su primer pleno el día 30 de julio, donde se aprobó con todos los grupos a favor.