La portavoz del Partido Popular de Gondomar, Paula Bouzós, ha responsabilizado al alcalde, Paco Ferreira, de la falta de personal y de los problemas de organización que, según denuncia, arrastra el Concello. Sus críticas llegan después de que el interventor que ocupaba temporalmente el puesto presentase su cese el pasado lunes, «tras as acusacións recibidas durante o último pleno municipal».

Bouzós sostiene que los informes oficiales de Intervención contradicen las declaraciones del regidor, «que responsabilizara a este departamento do atraso no pago das nóminas municipais«. Según los registros citados por el PP, la propuesta de resolución de Alcaldía se firmó el 28 de octubre y el interventor emitió su informe el domingo 1 de noviembre, dentro del plazo legal. La portavoz destaca que el funcionario trabajó durante el fin de semana para tramitar asuntos pendientes y justificar subvenciones por valor de 90.000 euros, cuyo plazo finalizaba el 31 de octubre. «A falta de persoal débese á falta de empatía e recoñecemento aos traballadores e á incapacidade de xestión», afirmó Bouzós, que considera que la salida del interventor refleja el deterioro de la organización municipal.

Informes que alertan de carencias e irregularidades

La portavoz popular señala que los documentos de Intervención advierten de «importantes carencias de medios persoais, materiais e de organización administrativa» que afectan al conjunto de las áreas municipales. También menciona problemas en la organización de la Tesorería, la falta de apoyo administrativo y deficiencias en la gestión de los expedientes electrónicos que, según denuncia, podrían comprometer la protección de datos.

Entre las cuestiones recogidas en el informe del pasado 27 de octubre, Bouzós destaca que desde el 29 de julio se emitieron 12 informes con reparos sobre asuntos como nóminas, obras, suministros eléctricos y nombramientos de personal. Según el PP, estos reparos fueron «levantados mediante resolucións de Alcaldía sen corrixir as irregularidades sinaladas».

Además, entre el 5 y el 25 de octubre se elaboraron cinco informes por omisión de la función interventora, relativos a gastos ejecutados sin contrato previo ni fiscalización, por un importe conjunto superior a 162.000 euros. La formación señala que estos informes deberán remitirse al Tribunal de Cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales en febrero de 2027.

El PP reclama un nuevo presupuesto y más control

Bouzós también critica que el Concello continúe funcionando con un presupuesto prorrogado de 2012, que considera desfasado respecto a la situación económica actual. La portavoz anuncia que su grupo intensificará la vigilancia sobre los informes y expedientes municipales para comprobar que se cumplen los procedimientos administrativos y financieros.

Entre sus exigencias al gobierno local figuran la aprobación de un nuevo presupuesto, la puesta en marcha de un Plan Anual de Contratación, la reorganización de la plantilla y la creación de una plaza de Tesorería reservada a personal con habilitación nacional. También pide frenar nuevas inversiones extraordinarias hasta recuperar el control financiero ordinario. El PP reclama así al alcalde que asuma responsabilidades y aplique las recomendaciones técnicas para corregir las deficiencias denunciadas.