El Grupo Municipal del Partido Popular de Tui ha cargado contra el sistema de cámaras de videovigilancia implantado para controlar la rotación de medio centenar de plazas de aparcamiento en el centro urbano, al considerar que se trata de una medida «ineficaz», «costosa» y que no ha solucionado los problemas de estacionamiento que arrastra la ciudad.

Los populares sostienen que el dispositivo, puesto en funcionamiento el pasado mes de febrero, ha supuesto un desembolso inicial de cerca de 110.000 euros, al que, según denuncian, se siguen sumando facturas de mantenimiento por unos 20.000 euros, sin que hasta el momento haya cumplido su objetivo.

Desde el PP aseguran que, cuatro meses después de su implantación, la Policía Local todavía no está imponiendo sanciones, por lo que consideran que el sistema no garantiza la rotación de vehículos en las plazas reguladas ni mejora la disponibilidad de aparcamiento para vecinos y visitantes.

El portavoz del grupo municipal, Nico Montes, recordó además que mantiene un recurso contencioso-administrativo contra este sistema de control, presentado tras recoger el malestar expresado por vecinos y comerciantes. «Dixemos que sería unha solución moi custosa e o estamos vendo con facturas que non paran de chegar, e ademais alertamos de que non serviría e que causaría un malestar social polo rexeitamento cidadá a esta operativa de videovixilancia», manifestó.

Montes volvió a defender la necesidad de retirar el sistema y sustituirlo por otro modelo de regulación del estacionamiento. «Insistimos na súa reversión inmediata e na implantación dun sistema máis cómodo, sinxelo e barato como é a zona azul gratuíta, que garante a rotación e beneficia ao comercio», señaló.

El portavoz popular calificó la implantación de las cámaras como «una nueva ocurrencia» del gobierno municipal encabezado por Enrique Cabaleiro y sostuvo que responde a la falta de soluciones eficaces para uno de los principales problemas que, a su juicio, preocupa a la ciudadanía: la escasez de plazas de aparcamiento.

Asimismo, el PP recordó que el Ejecutivo local lleva más de una década intentando resolver esta situación sin éxito. En este sentido, criticó el fracaso del proyecto del aparcamiento público, la indemnización de 200.000 euros abonada a la empresa adjudicataria tras la rescisión del contrato, cantidad que podría incrementarse por el recurso presentado, y denunció que la parcela prevista para dicha infraestructura permanece actualmente abandonada y sin una alternativa a corto plazo.