El Partido Popular de Tui ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza municipal que regula el control del estacionamiento mediante cámaras de videovigilancia, al considerar que se trata de una medida “innecesaria, costosa e lesiva” para los derechos de la ciudadanía. El portavoz municipal del PP, Nico Montes, ha solicitado además al órgano judicial la suspensión de la entrada en vigor de la norma mientras se tramita el procedimiento.
Según explican desde el grupo popular, la ordenanza fue aprobada en pleno aprovechando la ausencia de un concejal, lo que permitió al gobierno socialista sacar adelante una iniciativa “mui contestada socialmente” y que, a su juicio, no soluciona el problema real del aparcamiento en la ciudad.
El PP alerta de que el sistema supondrá un gasto superior a los 120.000 euros para controlar alrededor de 50 plazas de estacionamiento, un coste que consideran “absolutamente desproporcionado”, especialmente en un contexto de limitaciones económicas municipales y con “numerosas necesidades sin atender”.
El portavoz popular en Tui, Nico Montes, señaló que el origen de esta medida está en el “gravísimo problema de aparcamento en xeral” que padece el municipio y que, según afirma, se ha agravado en la última década. “Foron incapaces de construír o tan demandado aparcadoiro público, chegando incluso a rescindir de maneira custosa un contrato xa adxudicado e abandonando posteriormente o proxecto e, paralelamente, continuaron coa destrución de prazas existentes mediante unha política errática de humanizacións”, declaró.
Desde el PP también cuestionan que la ordenanza vaya a mejorar la movilidad o a favorecer al comercio local y advierten de dudas en materia de protección de datos y privacidad, al contemplar la captación de imágenes y matrículas sin garantías suficientes. Por este motivo, el recurso incluye la petición de suspensión cautelar de la norma hasta que exista un pronunciamiento judicial.
“O goberno local opta por gastar 120.000 euros en vixiar aos veciños en lugar de investir en solucións reais ao problema do aparcamento”, afirmó Montes, quien defendió alternativas como una zona azul gratuita y bien planificada que facilite la rotación de vehículos y apoye al comercio sin penalizar a los residentes.
El Partido Popular concluye que la ordenanza de videovigilancia es un nuevo ejemplo de improvisación y mala gestión, que no aborda los problemas de fondo, incrementa el gasto público y puede acabar alejando a visitantes y compradores de Tui, con un impacto negativo en la economía local.