Delegados de la CIG se concentraron este miércoles delante de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en las siete ciudades, en rechazo a la ampliación de las competencias de las mutuas y que estas puedan gestionar las bajas por dolencias músculo-esqueléticas.
La central reitera su firme oposición a dar más poder a estas entidades privadas, «fonte de abuso a favor dos intereses da patronal», y le reclama la Xunta que no ceda competencias que son propias de la sanidad pública.
«O que se pretende é seguir descapitalizando a sanidade pública e ampliar o ámbito de actuación das mutuas cando hoxe xa son un instrumento que ataca a saúde das persoas traballadoras, tanto no relativo á prevención de riscos laborais como, de xeito especial, na atención ás enfermidades profesionais ou aos accidentes de traballo», criticó el secretario general de la CIG, Paulo Carril, al inicio de la concentración realizada en A Coruña.
Recuerda que la posibilidad de que sean las mutuas las que gestionen los procesos de Incapacidad Temporal y las patologías derivadas de enfermedades músculo-esqueléticas aparece recogido en el acuerdo de pensiones firmado en el diálogo social el pasado 19 de septiembre por el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal estatal.
Al tiempo, señala que era uno de los puntos recogidos en el V Acuerdo de negociación colectiva pactado entre la CEOE y las centrales españolas en 2023, en el que ya se recomendaba promover acuerdos con las administraciones para reducir la duración de las bajas, culpabilizando así a las personas trabajadores por estar enfermas, «cando é o sistema laboral e de xestión das mutuas o que falla porque moitas das baixas por continxencias comúns deberían ser continxencias profesionais, ao seren derivadas do propio traballo».
El secretario general de la CIG pone la tilde en que las enfermedades músculo-esqueléticas están presentes en todo el mundo laboral, con especial incidencia en el sector industrial y en aquellas actividades más feminizadas y relacionadas con el sector servicios.
Para efectivizar este traspaso de actuaciones propias del SERGAS, la Consellaría de Sanidad debe suscribir convenios de colaboración con las mutuas, la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social y el INSS. «Nas diferentes reunións que mantivemos coa Xunta de Galiza -con plenas competencias en materia sanitaria- para tratar este problema, reclamámoslle que se negara a asinar estes convenios, porque está en risco a atención ás persoas traballadoras».
Porque bajo la excusa de que las mutuas pueden aligerar las listas de espera, «o que se combinan son dous elementos perniciosos que queremos denunciar e enfrontar: dunha banda, afóndase na privatización da sanidade pública á que non se dota dos recursos suficientes, e doutra, quérese que sexan as mutuas as que baixo criterios puramente economicistas traten as persoas traballadoras».
Por eso, apunta Carril, la CIG hace hoy estas movilizaciones para demandarle al Gobierno gallego que «dea ese paso adiante e se negue a outorgarlle máis poder ás mutuas». Y con este objetivo, la central nacionalista también inició una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que promuevan iniciativas a este respeto, «mais até agora só nos deu resposta o BNG».
Sobre los planes de la Xunta, Paulo Carril criticó que aunque la administración se limita a decir que está estudiando el convenio que le remitió el Gobierno español, lo cierto es que en el mes de agosto ya aplicó una modificación normativa con el objetivo de intensificar las citaciones en la Inspección Médica para revisar muchos expedientes de bajas laborales, «sobre a base dunha grande mentira: que o absentismo é un mal que hai na clase traballadora que impide o emprego».
Finalmente, el secretario general denunció que en el reciente acuerdo de pensiones dificulta el acceso a la jubilación parcial y no se reconocen coeficientes reductores para la jubilación anticipada a los colectivos laborales que padecen condiciones de especial penosidad, peligrosidad o toxicidad «pero preténdese pór as persoas a traballar cando non están en condicións de saúde e por enriba facendo negocio para as entidades que van xestionar esas doenzas, que son as mutuas».