La plantilla de LUGOVE (Subus-Vectalia) ha convocado tres jornadas de huelga para los próximos 7, 14 y 28 de agosto en protesta por los reiterados incumplimientos que, según denuncian, mantiene la empresa y por la falta de respuesta de las administraciones competentes ante la situación del servicio de transporte público que presta en la comarca del Baixo Miño y el sur de Vigo.
La convocatoria, impulsada por la representación de la CIG en el Grupo Subus, irá acompañada de movilizaciones. La primera concentración tendrá lugar este viernes, 7 de agosto, a las 10.00 horas, frente a las instalaciones de la empresa en el polígono industrial de A Granxa, en O Porriño. Las protestas continuarán los días 14 y 28 de agosto en la estación de autobuses de Vigo.
Desde el comité denuncian que la situación se arrastra desde hace años y aseguran que las deficiencias afectan tanto a las condiciones laborales como a la calidad y seguridad del servicio. «Levamos anos denunciando incumprimentos laborais, deficiencias organizativas e problemas que afectan directamente ás condicións de traballo e á seguridade do servizo», sostienen desde la representación de la CIG.
El sindicato afirma que muchas de estas irregularidades ya han sido objeto de actuaciones y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, aunque lamenta que esas resoluciones no hayan supuesto cambios efectivos en la gestión de la empresa.
Uno de los principales motivos de la protesta es el despido de un trabajador, que consideran una represalia por reclamar mejoras laborales. «A representación da CIG consideramos este despedimento absolutamente inxustificado, desproporcionado e un grave ataque á liberdade sindical e ao exercicio dos dereitos das persoas traballadoras», denuncian.
Según el sindicato, lejos de corregir los problemas estructurales, la dirección de LUGOVE habría optado por una política basada en «expedientes disciplinarios, sancións e intimidación cara a quen denuncia as irregularidades».
La organización sindical también critica la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales, al considerar que favorece la continuidad de prácticas denunciadas desde hace años. «A lentitude coa que avanzan os procedementos administrativos e xudiciais provoca que situacións denunciadas desde hai anos continúen producíndose con absoluta normalidade», lamentan.
La CIG recuerda que hace meses trasladó estas preocupaciones a la Xunta de Galicia, a los ayuntamientos afectados, centros educativos, ANPA y otras entidades, alertando especialmente del deterioro del transporte escolar. Sin embargo, aseguran que únicamente las asociaciones vecinales y las federaciones de madres y padres mostraron interés por conocer la situación.
Para el sindicato, la falta de implicación institucional transmite un mensaje preocupante sobre la importancia que se concede a un servicio público esencial. Tras años de reclamaciones, aseguran que la huelga constituye el último recurso para intentar desbloquear el conflicto. «Despois de anos apostando polo diálogo, presentando propostas e acudindo a todas as vías legais e administrativas, vémonos na obriga de convocar folga», explican.
La representación sindical sostiene que todavía es posible evitar los paros si la empresa modifica su actitud y adquiere compromisos concretos para corregir las deficiencias detectadas.
Finalmente, la CIG hace un llamamiento tanto a la empresa como a la Xunta de Galicia y al resto de administraciones para que asuman su responsabilidad, especialmente cuando se aproxima la renovación de la concesión del servicio. «A cidadanía merece un transporte público seguro, de calidade e prestado con todas as garantías, e as persoas traballadoras non poden seguir soportando unha situación que compromete tanto os seus dereitos como a propia seguridade do servizo», concluyen desde la representación sindical.