XOÁN CRESPO // Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivinda

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está trabajando con el fin de poder asumir el importe del alquiler de los meses que restan del año de todas aquellas personas que en la actualidad reciben ayuda del programa Bono de alquiler social. Esta nueva decisión se sumaría al compromiso ya asumido por el Gobierno gallego durante los meses de abril y mayo, con el fin de evitar que ninguna familia gallega en situación de vulnerabilidad se pudiera ver en riesgo de perder su hogar.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivinda, Ángeles Vázquez, adelantó que con esta decisión la Xunta asumiría la cobertura del 100% de las ayudas de más de medio año, lo que supone abonar la renta íntegra de nueve meses por la vivienda a todos los beneficiarios con los que cuenta este programa, que son 700 a día de hoy.

Ángeles Vázquez compareció esta mañana para informar de las medidas adoptadas por el departamento que dirige para hacer frente a la situación motivada por la pandemia del Covid-19, así como del trabajo realizado “día a día desde hace mes y medio para dar una respuesta desde el punto de vista medioambiental, de la vivienda y de la gestión del territorio”. Señaló que con rapidez y agilidad se pusieron arriba de la mesa medidas con la vista puesta en el más inmediato, al fin de atender a las necesidades más urgentes; pero también mirando ya al punto posterior a la crisis, con el objetivo de apoyar y poner un grano de arena para la reactivación paulatina de la economía gallega y del bienestar social.

Adelantó que el IGVS está ultimando el texto de Decreto por lo que se convocarán las ayudas extraordinarias al alquiler creadas en el Real Decreto Ley 11/2020, a pesar de que el Gobierno del Estado aún no transfirió los fondos con los que financiará estas ayudas. Indicó que –frente a la demora del Estado, que tampoco puso aún a disposición de los ciudadanos los préstamos avalados para el pago del alquiler– la Xunta pondrá en marcha actuaciones y medidas para activar la economía, como las ayudas para la compra de vivienda protegida, que llegarán hasta los 20.000 euros para unidades familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM y que estarán dotadas de 5 millones de euros.

También se impulsará la construcción de viviendas en alquiler a través de la puesta a disposición, en condiciones favorables, de parcelas para nueva construcción o edificaciones para rehabilitar en conjuntos históricos. Otra de las novedades será la ampliación de líneas de ayudas ya convocadas, como la de infravivienda, que aumenta en 100.000 euros a convocatoria, la de viviendas de maestros, en 1,1 millones, y las de eficiencia energética y accesibilidad, en 1,1 millones.