Manifesto Miñor ha presentado una alegación contra la nueva Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público no Tributario por el abastecimiento de agua potable y saneamiento de Gondomar, aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado 29 de julio.
La iniciativa ha sido formalizada por el concejal de la formación, Antonio Araújo, que reclama al Concello un nuevo estudio de viabilidad y la remunicipalización del servicio de abastecimiento y saneamiento.
La formación considera que la gestión de un recurso esencial y escaso como el agua debe permanecer bajo control público, especialmente ante el escenario de cambio climático, reducción de las precipitaciones y episodios de restricciones que afectan a distintas traídas vecinales del municipio.
Manifesto Miñor sostiene que la gestión privada del agua resulta incompatible con una política orientada a garantizar el acceso a este recurso como un derecho. En este sentido, recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento, mientras que los compromisos adoptados en la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2023 apuntaron también hacia una gestión que garantice su carácter universal y sostenible.
Uno de los principales argumentos incluidos en la alegación se refiere a la posible falta de cobertura legal del informe de Secretaría que acompaña al expediente. Manifesto Miñor solicita a la Secretaría General del Ayuntamiento que aclare la legalidad del documento, al estar firmado por una funcionaria auxiliar administrativa, perteneciente al grupo C2, que fue nombrada como secretaria accidental.
Según la formación, la Relación de Puestos de Trabajo municipal establece que este tipo de procedimiento debería corresponder a una Técnica de Administración General (TAX), del subgrupo A1, o, en su defecto, a otra persona funcionaria del mismo grupo.
Por ello, Manifesto Miñor reclama una explicación jurídica que justifique el nombramiento y advierte de que, si no existe una cobertura legal suficiente, el acuerdo adoptado por el Pleno el 29 de julio podría incurrir en una causa de nulidad de pleno derecho.
La formación también critica la modificación de las tarifas contemplada en la nueva ordenanza. En concreto, rechaza la subida lineal del 15% aplicada a los usuarios, al considerar que no responde a criterios de justicia social ni al consumo real de cada hogar.
Manifesto Miñor sostiene que esta fórmula podría estar orientada a garantizar el equilibrio económico de la nueva empresa adjudicataria, en lugar de establecer una estructura tarifaria basada en el consumo y en la capacidad de incentivar el ahorro de agua.
Como alternativa, propone un sistema progresivo dividido en ocho bloques de consumo, desde los usuarios que consuman entre 0 y 25 metros cúbicos por trimestre hasta quienes superen los 300 metros cúbicos. El objetivo, según la formación, sería que quienes consuman menos agua paguen proporcionalmente menos y que el sistema premie el ahorro y fomente un uso responsable del recurso.
Manifesto Miñor recuerda que ya cuestionó una subida lineal similar aplicada recientemente a otro servicio público municipal, el de recogida de residuos.
La formación aprovecha sus alegaciones para cuestionar también la actuación del Gobierno local durante los episodios de escasez de agua. Señala que varias traídas vecinales, entre ellas las de Peitieiros, Vilaza y Mañufe, han atravesado situaciones de precariedad o restricciones durante el verano.
En este contexto, critica que el Ayuntamiento celebrase en el centro de Gondomar la denominada Festa da Auga, al considerar que este tipo de actividades transmite un mensaje contradictorio con las recomendaciones dirigidas a la población para moderar el consumo.
Para Manifesto Miñor, las instituciones deben dar ejemplo en materia de consumo responsable, especialmente cuando las condiciones meteorológicas obligan a pedir a la ciudadanía un uso más prudente de un recurso cada vez más limitado.
La formación considera, en definitiva, que la nueva ordenanza debería replantearse desde criterios de gestión pública, sostenibilidad, justicia social y consumo responsable, y mantiene su reivindicación de que el Concello estudie de nuevo la posibilidad de recuperar para la gestión municipal el servicio de agua de Gondomar.