España incumple el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en la pesca al exigir cotizar por los tripulantes extranjeros de la flota de palangre aún sabiendo que no existen convenios bilaterales con sus países de origen por lo que no podrán acceder a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Así lo denuncia Orpagu, la organización de productores con sede en A Guarda, que pide al Gobierno que aplique de una vez un convenio que está en vigor en España desde el 29 de febrero de 2024.

Para que esos marineros estén protegidos de verdad, los armadores contratan a mayores un seguro privado que cubre a los trabajadores y a sus familias en su país de origen. Una situación surrealista que, según señalan desde Orpagu, no sufren otras flotas europeas, como la portuguesa o la francesa.

El problema nace de la forma en que trabajan estos barcos. Llevan bandera española, pero faenan en caladeros lejanos y no vuelven a España, porque el gasto en combustible no compensa el viaje y las descargas se hacen en puertos de otros países. Para la Administración, esa bandera los convierte en empresas españolas a todos los efectos, también cuando contratan a tripulantes extranjeros que ni residen en España ni tienen intención de hacerlo.

Sobre el papel no hay problema. Pero si uno de esos marineros enferma o sufre un accidente, está a miles de kilómetros de cualquier centro de salud español, y un sistema pensado para quien vive en España no puede atenderle. Si el armador se limitara a cumplir la ley española, no cumpliría con su tripulación. Para cumplir con las dos cosas acaba sosteniendo dos coberturas, y solo una de ellas protege al marinero.

El convenio de la OIT, aprobado en 2007, parte de otra lógica y encarga la seguridad social del pescador al país en el que reside habitualmente. Y manda sobre la ley española. La Ley de Tratados de 2014 establece que un convenio ratificado y publicado prevalece sobre cualquier norma interna con la que choque, salvo la Constitución, y obliga a todos los poderes públicos a respetarlo. Francia, que lo ratificó en 2015, y Portugal, que lo hizo en 2019, lo han entendido así, señala Orpagu, y sus flotas trabajan con tripulantes no residentes sin arrastrar este problema. España hizo la ratificación en febrero de 2023 y el convenio entró en vigor un año después, pero más de dos años y medio más tarde la norma española sigue sin cambiar.

Nadie discute lo que está pasando. La Administración reconoce el problema, pero en vez de aplicar el convenio sostiene que antes necesita una norma con rango de ley publicada en el BOE. Para Orpagu, con la Ley de Tratados en la mano, basta con aplicarlo. Si el Gobierno insiste en la vía legal, la organización propone la más rápida: incluir una disposición adicional en la primera ley que se tramite, una fórmula habitual que no obliga a sacar una ley propia.

Mientras tanto, la protección real de estos marineros depende de un seguro privado y no del sistema público, y la bandera española empieza a perder barcos: ya hay armadores de Orpagu con el cambio de bandera en marcha. Y por parte de los trabajadores afectados, ya hay quien está hablando incluso de que podría tratarse de un caso de apropiación indebida por parte de la administración del Estado

«Nosotros cumplimos con la ley y cumplimos con nuestra gente, aunque eso nos obligue a pagar dos coberturas. Quien no cumple es la Administración, que nos exige cotizar por unos marineros a los que su sistema no puede atender porque no viven aquí, y que lleva más de dos años sin aplicar un convenio que ratificó. Portugal y Francia lo aplican. Nosotros solo pedimos lo mismo«, resume la directora gerente de Orpagu, Juana Parada.

El precedente de Noruega

No sería la primera vez que la residencia deja sin prestaciones a marineros gallegos. Miles de ellos trabajaron en barcos noruegos entre 1948 y 1994 y se quedaron sin pensión porque Noruega alegó que no residían allí. Llevan años en los tribunales y en 2023 llegaron a la ONU. Orpagu advierte de que España se expone a lo mismo cuando estos tripulantes pidan unas prestaciones que el sistema no puede garantizarles.