La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, puso de relieve hoy en el Parlamento la necesidad de colaboración de los Concellos para poder ampliar las zonas autorizadas a la pesca recreativa, «pois trátase dunha actividade de ocio veciñal totalmente allea á actividade portuaria nas que resulta preciso establecer un especial control e vixilancia sobre estas zonas», destacó.

Además añadió que Portos da por hecho el compromiso de los Concellos después de que los representantes municipales fueran los abanderados de muchas de las solicitudes de apertura de nuevas zonas. «De aí a proposta de convenio cos concellos para poder aumentar as zonas autorizadas para dar garantías ás persoas que practican esta actividade de ocio», comentó.

En base a las 41 solicitudes recibidas, relativas a 31 dársenas, el ente público propone el incremento de zonas y horarios permitidos para esta actividad en 29 puertos, lo que acercaría a cerca del 90% del sistema portuario el levantamiento de la prohibición vigente desde 1970.

De ellos, en cuatro se amplían los tramos sin necesidad de someterse a ningún requisito añadido a los que ya regían, y en los 25 restantes ofrece esta posibilidad condicionada al apoyo en materia de vigilancia y control por parte de los Concellos. De estos 25, en diez de ellos rige el convenio de colaboración y 15 por el momento no aceptaron las condiciones. Entre estos 15 se está dialogando con Bueu, Baiona y Moaña. Todos estos municipios, expuso Susana Lenguas, «son coñecedores das posibilidades de ampliación das zonas, xa que foron informados por Portos de Galicia en abril de 2022».

En esta línea, la presidenta del ente público subrayó el esfuerzo realizado por la Xunta para integrar esta actividad manteniendo contacto con los colectivos representantes de los pescadores recreativos. Además, Susana Lenguas recordó que se flexibilizaron los plazos de alegatos para modificar la normativa en base a la experiencia recaudada de su aplicación práctica y de la actividad portuaria. En esta sentido, señaló que «dende o principio o Executivo galego defendeu que se trata dunha normativa viva e que permitiu levantar total ou parcialmente unha prohibición vixente desde 1970″.