El Pleno del Concello de Vigo aprobó este lunes la creación de la empresa pública municipal que gestionará directamente el servicio de vivienda, un proyecto que el alcalde, Abel Caballero, calificó como el inicio de una estrategia a largo plazo para afrontar el problema del acceso a la vivienda en la ciudad.
La propuesta salió adelante con los 19 votos favorables del grupo socialista y la abstención de los ocho concejales del PP y del BNG.
Durante su intervención, Caballero defendió que la creación de esta sociedad pública marca «o principio da actuación municipal, porque seguiremos potenciando e actuando tanto neste mandato como nos seguintes», y reiteró el compromiso del Gobierno local con una política propia de vivienda al afirmar que «non imos parar ata resolver o problema da vivenda en Vigo».
El regidor responsabilizó a la Xunta de Galicia de la situación actual del mercado residencial, al considerar que ha renunciado durante años a desarrollar políticas públicas de vivienda en alquiler asequible.
Según recordó, desde 2009 la Administración autonómica, pese a tener las competencias exclusivas en esta materia, no ha construido ninguna vivienda destinada al alquiler a precio accesible en Vigo.
«Hai que mirar cara atrás e ver por qué estamos nesta situación e é porque a Xunta abandonou a política de vivenda en alugueiro accesible durante todo o seu mandato», afirmó.
Caballero describió como «dramática» la situación del acceso a la vivienda en Vigo y sostuvo que, ante la «ausencia total» de la Xunta tanto en la promoción de viviendas en propiedad como de alquiler asequible, el Concello ha decidido asumir esa responsabilidad. «Tivemos que optar por facelo nós», señaló.
En este sentido, recordó que la última gran promoción pública de vivienda en Vigo se llevó a cabo durante el Gobierno gallego presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, en coalición con el BNG, con la construcción de 400 viviendas en Navia.
Frente a ello, aseguró que los sucesivos gobiernos del PP «só edificaron 62 vivendas», por lo que concluyó que «non se pode continuar nesa situación e por iso optamos por desenvolver un plan de vivenda autónomo desde o Concello de Vigo para Vigo».
La nueva empresa municipal de vivienda será íntegramente pública y contará con un capital inicial de ocho millones de euros, aunque el alcalde subrayó que esa dotación podrá incrementarse cuando sea necesario.
Además de promover nuevas actuaciones, la sociedad gestionará el plan municipal de alquiler, diseñado para incorporar al mercado parte de las 12.000 viviendas vacías existentes en la ciudad mediante alquileres a precios tasados y asequibles.
El alcalde destacó que el programa garantizará que ningún inquilino destine más del 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, una medida que definió como «unha política absolutamente nova e unha acción decidida para garantir o acceso á vivenda».
Caballero insistió en que esta iniciativa representa una respuesta integral del Concello a un problema sobre el que la competencia corresponde a la Xunta.
«Esta é a forma integral de participar no problema desde a ausencia de competencia real, que a ten a Xunta», afirmó, al tiempo que criticó que «despois de 17 anos, a administración galega construíu 62 vivendas para a venda e cero para alugueiro para atender ás 10.000 solicitudes que hai en Vigo».
Nueva ordenanza para agilizar las licencias urbanísticas
En la misma sesión plenaria, el Concello aprobó también la nueva ordenanza reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas y de otras actuaciones relacionadas con obras y actividades, una norma que, según explicó la concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, permitirá agilizar la concesión de permisos.
La ordenanza regula todos los actos relacionados con la edificación, la construcción, las instalaciones y el uso del suelo y del subsuelo, así como el ejercicio de actividades y servicios que requieren la intervención de la administración para verificar su adecuación al planeamiento urbanístico y a la normativa de seguridad, sanitaria y medioambiental.
Caride subrayó que Vigo se encuentra entre los Concellos más eficientes en la concesión de licencias, y defendió que la nueva regulación supone una simplificación de los procedimientos administrativos sin reducir las garantías legales.
En este sentido, aseguró que «porque se cumpre con toda a lexislación vixente», por lo que la agilización de los trámites no implica una desprotección.