El Concello de Vigo reclama a Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP-9, el pago de 120.000 euros correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2023, una cantidad que permanece pendiente desde ese ejercicio, cuando finalizó la exención fiscal de la que disfrutaba la compañía desde el año 1972.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recordó este jueves que la concesionaria debe esa cantidad al Concello y subrayó que el fin de los beneficios fiscales ha supuesto la desaparición de unas bonificaciones que permitían a Audasa pagar únicamente una pequeña parte del impuesto que le correspondía.
«Acabáronse as bonificacións e os favores do franquismo», sentenció el regidor, al explicar que el Concello ya remitió a la empresa la liquidación del IBI correspondiente a los meses de 2023 que quedaron pendientes de cobro tras finalizar la exención fiscal.
La factura emitida asciende a 120.000 euros, mientras que el importe anual que actualmente abona Audasa en concepto de IBI alcanza los 383.000 euros.
Hasta la desaparición de la bonificación, la concesionaria pagaba únicamente 18.407 euros, al beneficiarse de una reducción del 95 % del impuesto desde 1972, amparada en la ley franquista de autopistas.
«Soamente pagaba o 5% do importe que lle correspondía», explicó Caballero, quien insistió en que, una vez finalizada la exención, la empresa debe asumir la totalidad de la carga tributaria, «Paga o cento por cento».