El Pleno de la Corporación municipal aprobó inicialmente este lunes la nueva ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa que, según defendió el grupo de gobierno, “garante que ninguén teña que cambiar de coche”.
La propuesta salió adelante con el respaldo de la mayoría de la Corporación y establece un amplio catálogo de excepciones que facilitarán el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos en las cuatro áreas reguladas de la ciudad: el centro urbano, la Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario.
La nueva ordenanza contempla un total de 20 excepciones con el objetivo de minimizar el impacto de las restricciones de tráfico derivadas de la implantación de las ZBE.
Entre los vehículos exentos de cumplir las limitaciones se encuentran los coches domiciliados dentro de las zonas ZBE y dados de alta en el padrón del impuesto municipal, así como aquellos vinculados a una actividad económica.
También quedarán excluidos de las restricciones los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, los adscritos a servicios públicos esenciales, motocicletas y ciclomotores en horario de 7:00 a 22:00 horas, coches históricos y vehículos de administraciones públicas que presten servicios básicos.
La normativa incorpora además excepciones para los vehículos que desarrollan servicios industriales vinculados a empresas suministradoras, autobuses que prestan servicio a instituciones, taxis y coches de alquiler.
Asimismo, podrán acceder a las zonas restringidas los profesionales encargados de entregar o recoger suministros, los vehículos que se dirijan a talleres de reparación y aquellos necesarios para la celebración de actos en la vía pública autorizados por el Concello.
El texto también permite el acceso de vehículos a centros sanitarios y educativos, contempla permisos para trabajadores en horario nocturno y garantiza la entrada de automóviles que se dirijan a aparcamientos públicos o privados situados dentro de las áreas afectadas.
El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos López Font, defendió durante la sesión plenaria que la ordenanza cuenta con una “sólida estrutura xurídica” y subrayó que permitirá que “un importante colectivo de cidadáns e de profesionais” no tenga que sustituir su vehículo actual para adaptarse a la nueva regulación medioambiental.