Depuradora de Nigrán

La Xunta destinará 2 millones de euros para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de depuración de aguas residuales en los ayuntamientos de Nigrán y Gondomar a través de la gestión y explotación de sus respectivas depuradoras. La medida se estima que beneficiará a más de 33.000 personas, las mismas a las que podrían llegar a dar servicio actualmente estas instalaciones.

A tal fin, está previsto someter mañana a la autorización del Consello de la Xunta las prórrogas por un año más —hasta mayo de 2025— de los contratos para la gestión de tres Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) existentes en estos municipios pontevedreses, con un coste previsto de 1,2 millones de euros en el caso de la planta de Nigrán y de 0,8 millones en la de Gondomar.

Las tareas a desarrollar comprenden, entre otras, el mantenimiento del funcionamiento normal de las dos instalaciones de forma ininterrumpida y continuada para mantener, en todo momento, unos índices de depuración que cumplan los límites establecidos en la normativa vigente aplicable.

Además, la explotación de las EDAR también incluye la retirada, transporte y vertido de grasas, arenas y residuos de las rejas y peneiras cumpliendo con las debidas condiciones higiénicas, el secado de los lodos producidos y la gestión y conservación en perfecto estado de la totalidad de los elementos, instalaciones y equipos que integran la planta así como las demás tareas y operaciones necesarias para una adecuada prestación del servicio.

Hace falta recordar que la Xunta, a través de Augas de Galicia, asumió la gestión y explotación de las estaciones que tratan las aguas residuales de los ayuntamientos de Nigrán y Gondomar en el año 2005 mediante la formalización de los correspondientes contratos, en los que el Gobierno autonómico lleva invertidos hasta el momento algo más de 27 millones de euros (incluye Soutomaior).

La vigencia de los contratos originales finalizó a mediados del año 2020 por lo que, en virtud del previsto en la Ley de contratos de las administraciones públicas, se procederá ahora a autorizar la que será su tercera prórroga —luego de las dos autorizadas en los años 2020 y 2022— para poder seguir ofreciendo el servicio.