El Concello de Vigo ha dado un paso definitivo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras la aprobación en Xunta de Goberno del proyecto de ordenanza que regulará su funcionamiento.
La normativa afectará a áreas como el Centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario, espacios que, según el gobierno local, ya cuentan en su mayoría con restricciones al tráfico por su carácter peatonal o semipeatonal.
El alcalde, Abel Caballero, defendió el enfoque flexible de la normativa, subrayando que “en Vigo non obrigamos a que ninguén cambie de vehículo”. En este sentido, insistió en que el objetivo principal no es prohibir, sino ordenar la movilidad, “o que facemos é evitar o tránsito, pero o acceso está garantido”, afirmó.
La ordenanza contempla hasta 20 excepciones que permitirán el acceso, circulación y estacionamiento dentro de las ZBE. Entre los vehículos autorizados figuran los domiciliados en estas zonas y registrados en la DGT, los de personas empadronadas, así como los vinculados a actividades económicas desarrolladas en estos ámbitos.
También estarán permitidos los vehículos destinados a personas con movilidad reducida, servicios públicos esenciales —como policía, bomberos o sanitarios— y aquellos pertenecientes a administraciones o empresas concesionarias de servicios básicos.
Asimismo, la normativa incluye a motos, ciclomotores y vehículos de tres ruedas en horario diurno, de 7:00 a 22:00 horas, vehículos de movilidad personal como patinetes, coches históricos, taxis, VTC y autobuses que den servicio a instituciones o establecimientos ubicados en las zonas restringidas.
También podrán acceder vehículos para carga y descarga, reparto de suministros, acceso a talleres, asistencia a servicios sanitarios o traslado de alumnado cuando sea necesario.
El texto también recoge situaciones específicas como el acceso de trabajadores con horario nocturno o de vehículos con plaza de aparcamiento en la zona. En el caso del resto de vehículos, únicamente podrán entrar para estacionar en parkings públicos o privados, o en zonas reguladas.
Caballero reiteró el mensaje central de la ordenanza, “no obrigamos en ningún caso a que ninguén teña que cambiar de vehículo”, destacando que la norma busca compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la vida diaria de ciudadanos y empresas.
La implantación de las ZBE se desarrollará en tres fases. La primera comenzará con la entrada en vigor de la ordenanza y afectará únicamente a vehículos sin distintivo ambiental.
En una segunda fase se incluirán los vehículos con etiqueta B, y en la tercera también los de tipo C. Las dos primeras etapas tendrán una duración de dos años cada una, mientras que la última será indefinida.
Además, el alcalde avanzó que en los primeros compases no habrá sanciones. “imos a enviar ás persoas titulares dos vehículos detectados nas ZBE de forma indebida unha comunicación de carácter informativo”, explicó, señalando que se priorizará la concienciación antes que la penalización.
El proyecto cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con una inversión total de 5.452.100 euros.
