El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado a la Xunta de Galicia que negocie con los vecinos afectados las condiciones y compensaciones del desarrollo del Proyecto de Interés Turístico (PIA) del Ofimático, al considerar que las familias afectadas deben ver plenamente garantizados sus derechos antes de que se inicie cualquier actuación sobre sus propiedades.

Caballero realizó estas declaraciones tras mantener este lunes una reunión con la Plataforma de Afectados. Según explicó, el desarrollo del proyecto afecta a 35 inmuebles residenciales, en los que viven aproximadamente un centenar de familias, además de unas 250 propiedades, en su mayoría fincas utilizadas de forma habitual.

El regidor defendió la necesidad de que la ciudad continúe creciendo de forma ordenada y con rapidez en la construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección, aunque subrayó que «tamén é moi importante respectar os dereitos das persoas afectadas».

En este sentido, instó a la Xunta a utilizar todas las herramientas legales disponibles para alcanzar acuerdos con los propietarios y residentes.

A su juicio, la Administración autonómica debe actuar respetando «escrupulosamente» os dereitos das persoas afectadas, que, afirmó, «teñen que ser compensados de forma razoable».

Entre las posibles soluciones planteadas, Caballero mencionó la opción de facilitar el realojo de los vecinos en viviendas dentro del mismo ámbito, así como la firma de acuerdos de permuta tanto de viviendas como de propiedades.

En cualquier caso, insistió en que las compensaciones económicas deben ser adecuadas para todos los afectados.

El alcalde también reclamó que exista certeza sobre la solución definitiva antes de ejecutar cualquier actuación sobre las propiedades, y acusó a la Xunta de «maltratar os dereitos das zonas afectadas».

Asimismo, exigió que el Gobierno gallego actúe con rapidez para cerrar acuerdos con los afectados, al considerar que las cantidades económicas que se están ofreciendo actualmente son insuficientes.

Por último, Caballero defendió que la mejor solución pasa por que la Xunta y los propietarios alcancen acuerdos, de modo que la transformación urbanística de una zona considerada estratégica para la ciudad pueda desarrollarse de forma pacífica, con consenso y garantizando los derechos de todas las personas afectadas.