El modelo de gestión comunitaria del agua de Tomiño centró la intervención de la alcaldesa, Sandra González, en el seminario Retos lexislativos para a auga urbana, celebrado en la Fundación Paideia de A Coruña. La regidora participó en representación de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para reivindicar el papel de las traídas vecinales y reclamar una normativa que tenga en cuenta las necesidades específicas del rural gallego.
En Tomiño, el 85 % de la población se abastece a través de 36 comunidades de aguas, un sistema de autogestión que lleva décadas garantizando el suministro a las viviendas del rural. El Concello mantiene una línea de colaboración continuada con estas entidades mediante ayudas para mejorar las captaciones y los depósitos, financiar las analíticas obligatorias, instalar sistemas de cloración y adaptarse a la normativa sanitaria.
A estas medidas se suma el impulso a la digitalización de las redes mediante herramientas de telegestión y contadores inteligentes, con el objetivo de mejorar el control y la eficiencia del abastecimiento. «As traídas veciñais son moito máis que unha infraestrutura de abastecemento. Son un exemplo de organización comunitaria, de responsabilidade colectiva e de compromiso co territorio. En Tomiño entendemos que apoiar estas comunidades é apoiar un modelo que funciona, que forma parte da nosa identidade e que merece ser recoñecido polas administracións», destacó Sandra González.
La experiencia municipal también ha permitido establecer alianzas e intercambiar conocimientos con especialistas y delegaciones técnicas de países como Irlanda, Escocia y Austria, interesados en distintos modelos de gobernanza comunitaria del agua.
Durante su intervención, González recordó que las traídas vecinales suministran agua a alrededor del 24 % de la población gallega, una proporción que alcanza el 33 % en la provincia de Pontevedra, donde existen aproximadamente 1.600 comunidades de aguas.
Pese a su relevancia, la alcaldesa considera que estas entidades todavía no cuentan con el reconocimiento y el acompañamiento institucional necesarios. Muchas están gestionadas de forma voluntaria por los propios vecinos, que deben asumir obligaciones administrativas y sanitarias cada vez más complejas.
A esta carga se añaden los costes económicos. Según los datos expuestos por la regidora, las analíticas obligatorias pueden alcanzar los 6.000 euros anuales, lo que supone una dificultad añadida para comunidades que dependen de sus propios recursos.
«Durante décadas, os veciños e veciñas chegaron onde non chegaban as administracións. Construíron, mantiveron e xestionaron as súas propias redes de abastecemento, e agora temos a responsabilidade de garantir que poidan seguir facéndoo con seguridade e cos recursos necesarios», señaló.
Por ello, la alcaldesa reclamó una mayor cooperación entre administraciones, más apoyo técnico y económico y una simplificación de los procedimientos para facilitar el trabajo de estas comunidades. La intervención de Sandra González también abordó los retos del saneamiento en los municipios rurales, donde la dispersión de la población dificulta la extensión y el mantenimiento de las redes convencionales.
En este ámbito, defendió el reconocimiento de los sistemas de depuración autónoma como una alternativa válida, siempre que cuenten con garantías ambientales y apoyo técnico. Como ejemplo, señaló las ayudas que ofrece el Concello de Tomiño para facilitar la legalización de estas instalaciones.
La regidora reclamó, además, una distribución más clara de las competencias entre administraciones y una financiación suficiente para que los ayuntamientos puedan asumir sus responsabilidades en materia de abastecimiento y saneamiento. «O importante non é que todos os territorios teñan as mesmas infraestruturas, senón que todas as persoas, vivan onde vivan, teñan garantido o mesmo dereito a uns servizos de calidade. Necesitamos que a lexislación se adapte ao territorio, e non ao revés», concluyó.
