ALFREDO

El Boletín Oficial de la Provincia, BOP, ha publicado este miércoles, el decreto del alcalde de Baiona, Carlos Gómez, para identificar a las personas afectadas por la sentencia de derribo que pesa sobre un edificio de la calle Julián Valverde de Sabarís, declarado ilegal en el 2005 por el TSXG.

Se trata de uno de los trámites preceptivos a los que obliga el cumplimiento de la sentencia que reiteró el juzgado a finales del año pasado advirtiendo al regidor de posibles multas coercitivas si no llevaba a cabo las actuaciones encaminadas a su cumplimiento. Es decir, que los propietarios del inmueble, han de identificarse.

En el decreto también se indica que ha de concretarse el importe de las garantías que sean oportunas para, en su caso, responder al pago de las indemnizaciones que pueden derivarse de la orden de demolición. La comunidad de propietarios reclama al consistorio 6,1 millones de euros por este concepto. Los afectados tienen veinte días para presentar alegaciones al procedimiento.

El auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que fue ratificado cinco años después por el Tribunal Supremo, anuló el estudio de detalle y la licencia que fue concedida en el año 2000 por el ex alcalde de Baiona, Benigno Rodríguez Quitas, para la construcción de 19 viviendas y 5 bajos comerciales.

La ilegalidad del inmueble radica en que la vivienda contigua forma parte del conjunto histórico de Baiona y, al levantar el edificio, no se respetó el área de protección que goza todo bien de interés cultural. Además, las obras rebasaron la edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico de la zona. La aprobación del estudio de detalle y la concesión de la licencia no se llevaron a cabo sin la publicidad requerida para este tipo de acuerdos. El gobierno municipal tardó meses en publicar las autorizaciones cuando ya había caducado el periodo de presentación de alegaciones.

Los vecinos de la casa contigua denunciaron al Concello y a la promotora del inmueble. La justicia les dio la razón. El TSXG falló en el 2005 a su favor y anuló la licencia y el estudio de detalle. La promotora presentó un recurso de casación ante el Supremo, que confirmó la ilegalidad de edificio en el 2010. Tres años después, el Concello de Baiona declaró el inmueble “ilegalizable”.