COGAMI celebró en Santiago de Compostela su XXXVI Asamblea Anual, el máximo órgano de decisión de la Organización, en el que participan miembros de la Junta Directiva y representantes de las entidades que forman parte del movimiento asociativo.

En esta sesión se presentaron las actividades desarrolladas durante el último ejercicio, las cuentas de resultados de la Organización y el plan operativo previsto para este año. En el turno de ruegos y preguntas se abordó una de las cuestiones que más preocupación está generando entre las personas con discapacidad y sus familias: la demora en los procesos de valoración de la discapacidad.

Las cuatro federaciones provinciales de COGAMI trasladaron la existencia de esperas que, en algunos casos, pueden llegar hasta los tres años para obtener una cita con los Equipos de Valoración y Orientación de la Discapacidad (EVO). A pesar de que la Xunta de Galicia anunció recientemente el refuerzo de estos equipos con más personal, la realidad que llega a las entidades es que muchas personas siguen denunciando largas esperas para realizar la entrevista necesaria para la obtención o revisión de su certificado de discapacidad.

Desde COGAMI advierten de que estos retrasos tienen consecuencias directas en la vida de las personas afectadas. No contar con una valoración o con la revisión del grado de discapacidad en tiempo y forma limita el acceso a derechos, recursos y servicios fundamentales, dificultando cuestiones como la incorporación al mercado laboral, el acceso a la educación, la accesibilidad, la atención sanitaria o las prestaciones destinadas a compensar situaciones de desigualdad.

“El certificado de discapacidad es la puerta de entrada a derechos, recursos y prestaciones. Retrasar su concesión significa retrasar también la igualdad de oportunidades de las personas”, declaraba el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga.

Ante esta situación, COGAMI solicitará una reunión con la Consellería de Política Social e Igualdad con el objetivo de conocer las medidas que se están adoptando y trasladar propuestas que permitan agilizar los procedimientos de valoración y revisión de la discapacidad, garantizando una atención ágil y acorde a las necesidades de las personas solicitantes.

Decreto de Accesibilidad

Otra de las demandas trasladadas durante la Asamblea de COGAMI fue la necesidad de aprobar el decreto que desarrolle la Ley de Accesibilidad de Galicia, en vigor desde 2014. La entidad considera este reglamento imprescindible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Recuerda, además, que este decreto debería haberse desarrollado en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, por lo que acumula ya diez años de retraso.

COGAMI recuerda que la ley establece los principios generales en materia de accesibilidad, pero carece del desarrollo técnico necesario para garantizar su aplicación práctica. Este reglamento de desarrollo y el código de accesibilidad son dos herramientas fundamentales para concretar los requisitos que deben cumplir edificios, espacios públicos, medios de transporte y servicios, facilitando su cumplimiento por parte de las administraciones y del sector privado.

Transporte público

Otro de los asuntos tratados durante la XXXVI Asamblea Anual de COGAMI fue la falta de transporte accesible, una problemática que continúa limitando la autonomía y la participación social de muchas personas con discapacidad, especialmente de las usuarias de silla de ruedas.

La insuficiente cobertura del transporte público colectivo obliga a muchas personas a depender del taxi para acudir a consultas médicas, realizar trámites administrativos o llevar a cabo actividades cotidianas básicas como hacer la compra o acudir a una entidad bancaria. En muchos municipios no existen vehículos adaptados, lo que limita de forma importante la movilidad.

“Estamos totalmente en desventaja las personas con movilidad reducida”, señala Anxo Queiruga. “Desde COGAMI creemos que las nuevas licencias de taxi que se adjudiquen deben ser para eurotaxis, así como la renovación de las flotas, para que los vehículos se vayan sustituyendo por otros adaptados”.

Desde COGAMI subrayan que la ausencia de alternativas accesibles condiciona seriamente la movilidad y la igualdad de oportunidades de las personas con movilidad reducida, especialmente en el ámbito rural y en las localidades con menor oferta de transporte.