Óscar Vázquez

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Galicia (Atrifoga), critica en un comunicado de 436 trabajadores de personal de tres meses del servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia el cesamiento el pasado 12 de noviembre, junto con otros 626 fijos discontinuos de 9 meses que serán extinguidos el próximo 30 de noviembre a favor, dicen, de trabajadores de empresas privadas.

Este colectivo afirma en la misiva que “tras la oleada de incendios y la tragedia, surgió el espíritu solidario del momento y aparecieron, espontáneamente, iniciativas de ayuda de voluntarios, pero como digo la Administración Autonómica, los voluntarios ayudan, pero se necesita personal profesional todo el año”. Prueba de que el peligro persiste, indican, “es que la Administración sigue denegando los permisos de quemas y existe una prohibición expresa de realizarlas”.

Asimismo, apunta, “el cambio climático está generando, cada vez, sequías más intensas y esto, deriva en aridez extrema, lo que hace que los montes estén más propensos a arder por la acumulación de biomasa sin gestionar; a consecuencia del despoblamiento, de la falta de actividades agropecuarias y forestales del Rural y del éxodo a la ciudad. Todo ello, implica una desestacionalización del riesgo de incendios, ya que arde en cualquier época del año y no sólo en el verano”.

También explican que “ante este escenario, la Administración debe cambiar su estrategia y sus políticas preventivas para poder hacer frente a una nueva tipología de grandes incendios forestales, explosivos y simultáneos, que colapsan los sistemas de extinción y de emergencias, desbordando cualquier tipo de previsión y que resultan devastadores con cientos o miles de hectáreas calcinadas”.

Según Atrifoga, la Xunta rectificó tras un intervalo de 12 días, su postura inicial y reconoció que era necesario ampliar el tiempo de trabajo del personal de 3 meses del SPDCIF, dada la situación que se estaba viviendo y que hacía falta prolongar el dispositivo durante más días; sin embargo,”436 trabajadores fueron cesados el 12 de noviembre y el próximo 30 de noviembre, serán cesados 626 fijos-discontinuos de 9 meses”.

El personal de 3 meses del SPDCIF se va al paro, sin siquiera con derecho a un subsidio por su contrato temporal y precario, mientras empresas como SEAGA y TRAGSA están incorporando personal para participar en las labores de recuperación forestal de las zonas arrasadas por los incendios, la entidad privada Natutecnia sigue operando con gran parte de los trabajadores de las bases de helicópteros y en algunos ayuntamientos, mantiene en sus plantillas a cuadrillas y conductores” manifiestan.

Atrifoga vuelve a denunciar “la hipocresía de su contratador (Xunta de Galicia) y esa política forestal encaminada a segmentar el dispositivo fomentando la descoordinación, a reducir y desmantelar los efectivos del Servicio Público y a dar beneficio a empresas de gestión privada, dejando en la calle a sus propios trabajadores públicos, que son profesionales cualificados, eficientes y que saldrían más rentables. Asimismo, Atrifoga recuerda que sus funciones no son sólo las de la vigilancia, detección, coordinación y extinción de incendios, sino las básicas tareas de prevención, regeneración forestal y emergencias rurales”.

En este momento, declaran, “urge ejecutar los trabajos de consolidación del suelo y de recuperación de la cubierta vegetal protectora para evitar la erosión y el efecto arrastre de las cenizas hacia los ríos y las rías, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas, afectando a la flora y a la fauna; así como las labores de rehabilitación de las infraestructuras.”

El manifiesto concluye con que “la Xunta dirá que no hay dinero ni presupuestos, que los trabajadores no son necesarios, que no hay riesgo de incendio, que las condiciones climáticas son distintas, pero no podrán justificar que falta personal para recuperar nuestros montes cuando lo están contratando de manera externa y privada”.