En el mes de mayo del año pasado, el Concello de A Guarda solicitó, ante el Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, una subvención con cargo a la aplicación presupuestaria por importe de 21.000€ para la cofinanciación de la contratación de 7 trabajadores desempleados para el servicio de socorrismo de las Playas con Banderas Azules del municipio en la época estival, Area Grande y O Muiño.
En el mes de septiembre el alcalde Antonio Lomba solicitó la reducción de la subvención a 6 trabajadores por ser estos suficientes para cubrir las necesidades del servicio. Asimismo, acercó la documentación justificativa de que otro trabajador había sido contratado, por motivos ajenos al ayuntamiento, 7 días más tarde del previsto en las bases publicadas por la Consellería de Economía de la Xunta. La contratación se produjo el 8 de julio de 2019 en lugar de 1 de julio. Desde el Servizo de Emprego e Economía Social de la Consellería de Economía comunicaron al Concello que por este motivo perdían el derecho a totalidad de la subvención para este trabajador. Pasando la participación de la Xunta de 18.000 € a 15.000 €.
En el mes de octubre, Lomba presentó un recurso de reposición alegando que de los 6 candidatos que presentaron los papeles en tiempo y forma, tan sólo 5 acudieron a la realización de las pruebas de selección una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación exigida. Desde el Concello no se entiende como, por este motivo se revoca totalmente la subvención de este trabajador reduciendo el importe total en 3.000€, cuando tan sólo se retrasó el tiempo de contratación en 7 días. Según el equipo jurídico del Concello de A Guarda, “queda de manifiesto que el grado de cumplimiento del ayuntamiento se aproxima, de manera absolutamente significativa, al cumplimiento total de sus deberes, por el cual se solicita reconocer el derecho del ayuntamiento de A Guarda a recibir el importe proporcional de la subvención concedida en su día, por importe de 2.650€ por el socorrista contratado con fecha 8 de julio de 2019”.
Una vez finalizada la vía administrativa, después de que la Xunta desestimara el recurso presentado por el regidor, el ayuntamiento decidió interponer un recurso contencioso-administrativo con fecha 3 de enero de 2020 por no compartir las consideraciones expuestas en la resolución por un supuesto incumplimiento total y no parcial, como se entiende que fue el caso, exigiendo la parte proporcional de la subvención concedida inicialmente.
Desde el ayuntamiento recuerdan que la no contratación en plazo de este socorrista no es responsabilidad municipal, sino consecuencia de un proceso selectivo que se presenta todos los años y en muchos ayuntamientos, dificultades por la escasa oferta de trabajadores. “La Xunta y El Servizo de Emprego e Economía deberían buscar las causas de esta baja demanda de empleo de socorristas y tomar las medidas que le corresponden, por ser de su competencia, para aumentar el número de socorristas titulados”, señalan desde el consistorio.
La contratación de socorristas es necesaria para solicitar las Banderas Azules para las playas. Muchos ayuntamientos, delante de la dificultad de contratación de socorristas, han renunciado a solicitar esta distinción.
“La Xunta debería facilitar más la atención de Banderas Azules para las playas gallegas por lo que representan en la promoción turística. En la actualidad son los concellos los más penalizados a la hora de conseguir estas distinciones”, finalizan.