El primer confinamiento y el cierre de la frontera entre Pontevedra y Portugal en la primera ola de la pandemia, entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, provocó una pérdida de facturación de más de 92 millones de euros en los 26 ayuntamientos del territorio transfronterizo del Miño. Esa es la principal conclusión del estudio encargado por el AECT Río Miño al doctor en Economía de la Universidad de Vigo Xavier Covas, quien destacó que el perjuicio económico del actual cierre será aún mucho mayor.

Junto al vicedirector y diputado de Cooperación Transfronteriza, Cobas presentó el estudio del impacto socioeconómico a los alcaldes y alcaldesas que conforman el Agrupamiento Europeo de Cooperación Territorial Río Miño (AECT Miño), que llevan revindicando desde hace un mes que se abran todos los pasos fronterizos con Portugal por el daño que produce en la economía. El trabajo de la UVigo confirmó las tesis y para criticar lo que consideran una decisión injusta para las personas trabajadoras y la economía del territorio miñoto e inútil para el control de la pandemia.

El informe da varios datos demoledores sobre el sufrimiento de la economía en las dos orillas del Miño, con un impacto en la pérdida de facturación solo en el comercio y la hostelería (los sectores más afectados) de 92 millones de euros –equivalente a 23 millones de euros de Valor Añadido Bruto-, según los datos oficiales facilitados por los gobiernos centrales. También se detectaron valores importantes de impacto en el transporte y en el sector inmobiliario, así como en el ámbito fabril.

Según destacó el profesor Cobas, todos estos ámbitos sufrieron, además de la bajada de facturación por la pandemia, el efecto frontero aumentando las pérdidas en un 12% en el comercio en un 19% en hostelería y restauración a añadir a la caída de ingresos de cualquier otro negocio en otra ubicación, simplemente por el hecho de que las personas consumidoras no podían acceder desde el otro lado de la ‘raia’.

Otra de las cifras que se puso sobre la mesa fue el número de horas de trabajo perdidas por la espera en el paso de Tui-Valença. Atendiendo a un tiempo medio de espera de 15 minutos en la ida y otros 15 en la vuelta (cifra muy conservadora por detectarse anchas colas de horas diariamente), y sabiendo que en el primer cierre pasaron por el control 356.000 personas, la economía de la zona perdió 180.000 horas efectivas. A estas, no estando contabilizadas, habría que sumar el tiempo que las personas trabajadoras perdieron también en los rodeos de centros de kilómetros por no estar habilitados controles en todos los puentes.

El cierre de frontera, explicó Cobas, afectó según sus cálculos, a unas 25.000 personas en toda la eurorregión de Galicia-Norte de Portugal y a 10.000 dentro de los distritos de Pontevedra-Viana do Castelo, bien por ser personas que viven y trabajan en ambos lados de la frontera, porque viven en un lado y trabajan en la otra margen, o porque no teniendo relación con la zona las empresas operan en todo el territorio y obligan al desplazamiento.

En cuanto a la repercusión del último cierre de fronteras instaurado desde principios de año, Cobas quiso ser tajante y subrayó que afectará de manera mucho más negativa a la economía, puesto que en el primero confinamiento la actividad económica estaba prácticamente parada mientras que ahora hay un mayor índice de actividad. Asimismo, el profesor subrayó que el actual cierre de los pasos “es redundante e inútil” porque las personas que van a pasar la frontera son las mismas, sólo las autorizadas.

Registro para indemnizaciones

Ante toda esta avalancha demoledora de datos, el vicedirector del AECT Río Miño Uxío Benítez, manifestó que las y los alcaldes de los 26 municipios del territorio miñoto van a solicitar compensaciones económicas por la decisión de cerrar la frontera de los estados español y portugués. “El mal ya está hecho abran ahora los pasos o dentro de un mes. Ahora queremos que nos tenga en cuenta y se nos compense por las pérdidas”, afirmó.

Subrayó que cómo primera medida el AECT presentará alegato al programa operativo POCTEP 2021-2027 que está en fase de exposición pública y que, pese a tener como objeto inyectar fondos en las fronteras, “está estropenado sus objetivos destinando fondos a zonas no fronterizas”. Solicitó, pues, que se garantice que los fondos se destinen a las zonas de raya y se creen partidas específicas para la zona del Miño.

Por otra parte, anunció la creación de un registro de personas afectadas por el cierre de la frontera que se gestionará a través del AECT y de todos los ayuntamientos implicados en una oficina conjunta con el fin de proceder a la tramitación de posibles indemnizaciones.

Asimismo, se presentará una moción en los 26 ayuntamientos para tener el refrendo democrático y reivindicar ante todas las instituciones tanto la apertura inmediata de los pasos como las compensaciones económicas por el cierre.

Finalmente, el diputado y vicedirector del AECT recordó que, al fin de facilitar el control de personas transfronterizas, es urgente la creación de una tarjeta ciudadana transfronteriza para que en los controles haya agilidad y no sea preciso la comprobación de todos los papeles de la documentación.