Archivo // Parking autocaravanas en Fonteseca

Esquerda Unida denuncia que las obras iniciadas hace más de un año para realizar un aparcamiento de autocaravanas, se están realizando en un terreno reservado para equipación dotacional deportiva, según la documentación urbanística del Concello de Nigrán, “y por lo tanto no cumplen la normativa”.

Aseguran que, “según el artículo 158 de la Ley del suelo de Galicia las acciones que constituían incumplimiento de las normas relativas al uso que afecten a terrenos cualificados como dotacionales, esta tipificada como una infracción muy grave. En este aspecto, hay que recordar no es la primera vez que el Concello hace una obra al margen de la legalidad, tal como ocurrió hace años con una pasada corporación presidida por el Partido Popular”.

“Como en otras ocasiones, se modificará la normativa urbanística para legalizar esta actuación”.

“El gobierno municipal reconoce implícitamente esta actuación ilegal, cuando el alcalde declara en la prensa que «Tras consultar que los técnicos municipales decidimos esperar y realizar el cambio necesario en la ordenación del SAU para incorporar ese uso al terreno», lo que ponen de manifiesto que, como ya sucedió en más ocasiones en Nigrán, modificará la normativa urbanística para legalizar la situación no permitida. En este punto hay recordar que, no es la primera vez que en Nigrán se aprueban modificaciones urbanísticas, tanto por parte de gobiernos del PP como del PSOE, que van a permitir la legalización de obras ilegales, modificaciones realizadas”, explica José Cuevas, portavoz de Izquierda Unida en Nigrán.

“Si la obra del aparcamiento se pudiera hacer legalmente, no sería necesario cambiar la ordenación ni estaría paralizada por una denuncia”, señala Cuevas, y matiza que “el gobierno municipal no puede tratar de eludir su responsabilidad en la ejecución de una obra ilegal, culpabilizando de la paralización a quién la denuncia. Con que autoridad moral puede exigirle al vecindario el cumplimiento de la normativa urbanística cuando es el propio gobierno municipal quien comete infracciones cualificadas como muy graves según la Ley del suelo de Galicia”, finaliza.