Era la intervención más esperada por los asistentes a la V Jornada Internacional de Pesca organizada por Orpagu. y no defraudó. El presidente del Comité Científico de Iccat (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), David Die, respaldó la sorprendente recomendación del comité científico sobre un TAC de 500 toneladas para el marrajo (Marruecos, noviembre 2017), en la necesidad de “eliminar la sobrepesca y comenzar la reconstrucción del stock”.

No obstante señaló que la especie seguiría sobrepescada hasta 2040 y destacó que su consejo al Comité fue “parar la pesca para conseguir que el stock se recuperase rápidamente”. Estas recomendaciones fueron realizadas, dijo, en base a los datos de la propia Iccat y los informes científicos aportados por todos los países, “salvo los de España, que no estaban disponibles”, aseguró.

Para el científico norteamericano, que negó en repetidas ocasiones, un cambio de modelo y de tratamiento de datos en la evaluación del marrajo, el futuro de la especie pasa por la investigación (análisis genético para determinar parentesco) y por un cambio en la gestión de recurso, con  reglas de control de captura y evaluación de nuevas estrategias de gestión.

David Die también anunció en su discurso que confía en que este mismo año la Iccat incluya a los tiburones en las enmiendas al texto de su constitución, ya que ahora mismo se tratan como especies afines al no tener un epígrafe concreto.

Tras la esperada intervención del presidente del Comité Científico de Iccat, habló Xavier Vázquez, de la DG Mare, que recordó que la Unión Europea es una de las 51 partes contratantes de las Organizaciones Regionales de Pesca (Orop’s) y es una de las más activas en el esfuerzo internacional para “diseñar y poner en práctica medidas de conservación y gestión efectivas para los tiburones”.

Vázquez resumió la estrategia de la UE para la conservación y gestión de esta especie a nivel internacional en los siguientes términos: Mantener la explotación de las distintas especies de tiburones dentro de límites de seguridad biológica; Protección estricta de las especies que se consideran en peligro; mejora de la recogida de datos, en particular biológicos y de descartes; favorecer la investigación para mejorar las evaluaciones de las unidades de gestión (stocks), y que las medidas adoptadas tengan base científica; aplicación homogénea de las normas nacionales e internacionales; y trazabilidad y certificación de aquellos productos pescados de forma sostenible.

Previamente, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió la responsabilidad y la sostenibilidad de la flota española de palangre de superficie y en particular de la gallega. Un sector, subrayó, que se mantiene en estrecha colaboración con el campo científico para contribuir a la obtención de mejores resultados con los datos que compila en su actividad.

No obstante, reconoció que el camino de la investigación aplicada es lento y apeló a seguir “trabajando confiando en un futuro que se ajuste a una realidad en la que la actividad pesquera, la responsabilidad y la sostenibilidad vayan de la mano”. La conselleira también hizo hincapié en la necesidad de este trabajo para hacer valer esta actividad responsable de la flota española ante la prohibición en la Unión Europea del corte de aletas de tiburón a bordo de los buques (finning). Una flota, incidió, que cumple con el marco normativo europeo, español y de las Organizaciones Regionales de Pesca relacionado con esta actividad.

Además expuso que en el último año capturó más de 55.000 toneladas de tiburón, lo que refleja el peso de esta especie en la sostenibilidad socioeconómica de esta pesquería, subrayó.

En este sentido, defendió la importancia de contar con la igualdad de condiciones entre países para mantener la competitividad de la flota gallega y recordó que en Galicia “compartimos la prohibición de la práctica, pero no entendemos que no se extienda a las flotas que operan mundialmente, pues, del contrario, esto resta competitividad a nuestra flota”.

La obligación del observador, ¿físico o electrónico?

El segundo bloque de ponencias, moderado por la periodista económica Abeta Chas, comenzó con la intervención de Antonio Lizcano Palomares, de la Secretaría General de Pesca. Lizcano se refirió en su charla al Programa de Observación Científica en la pesquería del palangre y comenzó asegurando que la flota española “ha demostrado ser eficiente, adaptable y rentable, pero se enfrenta a una crítica internacional severa”. El técnico de la Dirección General de Recursos Pesqueros hizo un resumen de las diferentes regulaciones a las que está sometida esta flota y reconoció que la legislación europea sobre la Política de Aletas Adheridas “supone un gran esfuerzo para el sector y una desventaja con respecto a otras flotas”.

En su intervención, Lizcano dio algunas claves para poder considerar a las pesquerías del palangre como sostenibles: “Una evaluación científica de calidad en cada una de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP’s) en las que opera; mecanismos de gestión (mejor mediante TAC’s) que garanticen que no se pone en peligro la sostenibilidad de los stocks; generar reglas de control de Captura que ayuden a garantizar a largo plazo el respeto a los límites de referencia y objetivo de explotación; estrategias de actuación para minimizar los efectos colaterales de la actividad en aves marinas, tortugas y en tiburones no objetivo.

En este sentido, se mostró partidario de un sistema de observación suficiente (de al menos un 20% de cobertura ya que el obligatorio en la actualidad es del 5% del esfuerzo en mareas), que permitan obtener datos científicos reales y verificar los resultados de las medidas adoptadas. Antonio Lizcano apuntó para 2018 y 2019 “el procesado de la información obtenida en coordinación con el IEO, la validación del programa a nivel ORP, con aumento de la cobertura mínima, y un vínculo del programa de observadores y medidas en Iccat con respecto al marrajo”.

El técnico de la Secretaría General de Pesca se mostró, no obstante, esperanzado con el futuro de esta pesquería, debido a la capacidad de adaptación de esta flota y a las buenas prácticas que viene desarrollando desde hace años.

La alternativa electrónica

La falta de espacio a bordo ha hecho que muchos armadores estén pensando en la posibilidad de instalar un observador electrónico. De sus ventajas hablaron en la Jornada de Orpagu el director marítimo de Satlink, José Luis Beloso, y Juan Luis Freire, de Marine Instruments.

Beloso explicó que la función de su dispositivo “SeaTube” es registrar las actividades de pesca y almacenar de forma cifrada los vídeos obtenidos junto con la información GPS del barco, a través de sus equipos de a bordo. Por su parte, el equipamiento en tierra tiene como objetivo “dar información de soporte en tiempo real vía satélite y analizar los vídeos para crear informes de pesca”. Según el representante de Satlink, este dispositivo ofrece unos resultados inmejorables “realizando informes precisos y contrastables en formato digital y adaptable a los requerimientos de cada pesquería”. Otra de las ventajas del dispositivo es que monitoriza hasta cuatro categorías diferentes (actividad pesquera, posición de la flota, condiciones laborales y capturas).

Por su parte, Juan Luis Freire, de Marine Instruments, explicó que el monitoreo electrónico “mejora la eficacia a nivel económico, operacional, seguridad, salud y medioambiente, y también en el apartado legislativo”.

Entre las ventajas económicas especificó el ahorro por la supresión del observador físico, el ahorro de combustible al optimizar la navegación y las maniobras o el dar mayor valor añadido al producto, “justificando la procedencia de la captura y el arte de pesca empleado”. A nivel operacional, señaló que el “ojo electrónico” permite la supervisión de la operatividad y optimización en el uso de elementos mecánicos auxiliares y el apoyo a la investigación de accidentes, entre otras medidas. Ya por último, el asesor de Marine Instruments apuntó asimismo diversas ventajas a nivel legislativo como la cuantificación de las toneladas capturadas, la cuantificación de los descartes, la discriminación de especies o la adecuación a la normativa nacional/comunitaria de trazabilidad de capturas.