La Agencia de Protección de Datos ha apercibido al Concello de Gondomar y, al mismo tiempo, ha puesto los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo, por la instalación de videocámaras en edificios y lugares públicos «sen axustarse á legalidade vixente e sen os distintivos informativos que o Regulamento de Protección de Datos obriga a colocar en lugar suficientemente visible«, asegura Paula Bouzós, portavoz popular.
Esta resolución viene dada a partir de una denuncia presentada el 4 de diciembre de 2021 después de que el alcalde «se negase a entregar a información solicitada pola instalación de cámaras de videovixilancia en varios espazos, tanto vía pública, como dependencias municipais, sen contar coas pertinentes autorizacións para elo, nin sinalizar adecuadamente as mesmas así como a non instalación dos preceptivos carteis informativos de zona videovixilada», explica Bouzós, y añade que en la denuncias también se hizo constar «a negativa a facilitar os expedientes administrativos habilitantes que deberan cursarse pola Delegación do Goberno, quen autorizara a instalación de cámaras en vías públicas».
En la resolución emitida este pasado viernes por la AEPD, hacen constar «a falta de colaboración do concello na investigación realizada pola Axencia, ao non contestar a ningún dos requirimentos efectuados«, añade la portavoz popular.
En el escrito mencionan que hay que tener en cuenta que la instalación y uso de sistemas de videovigilancia implican un tratamiento de datos de carácter personal, por lo que se deberá cumplir con los preceptos relacionados con la Ley Orgánica 3/2018, 5 diciembre (LOPDGD). Debiendo para eso colocar, en las zonas videovigiladas, por lo menos, un distintivo informativo situado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados, al objeto del deber de información previsto en el art. 13 RGPD.
Los ciudadanos serán informados de manera clara y permanente de la existencia de estas videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, así como de la autoridad responsable del tratamiento ante la que poder ejercer sus derechos. Recuerda también la importancia de los derechos en juego, así como la responsabilidad del Concello, instando a que adopten las medidas correctoras precisas, tras la revisión de las principales cámaras instaladas, para que estas se ajusten a la legalidad vigente, debiendo cumplir una función acorde a su naturaleza y estar debidamente informadas, pudiendo ser las mismas revisadas por el Servicio de Inspección de la Agencia en caso de estimarse preciso, pudiendo una conducta no colaborativa ser tenida en cuenta para futuras actuaciones por parte de la Agencia de Protección de Datos.
La portavoz del Partido Popular de Gondomar acusará al alcalde de gastarse recientemente más de treinta mil euros en nuevas cámaras de vigilancia y la renovación de otras y que estas no sirvan para la seguridad de los vecinos «ao estar instaladas sen cumprir coa legalidade vixente, polo que non poderían ser usadas en caso de incidencias«.
«Recórdanlle que a Lei e os procedementos están para cumprirse e que polo feito de ser Alcalde non pode facer as cousas a súa maneira«, afirma Paula Bouzós que “con esta resolución queda aínda máis evidenciada a falta de transparencia de Paco Ferreira, que non facilita información nin a Axencia de Protección de Datos, como xa viñemos denunciando dende comezo desta lexislatura”.