XUNTA

El juzgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra anuló en el 2014 las licencias de actividad y obra de la pirotecnia La Gallega situada en Baldráns, y cuyo propietario es investigado por la explosión del almacén ilegal en Paramos, y que implica la clausura y demolición de las instalaciones por parte del Concello de Tui.

El último requerimiento es del pasado 3 de mayo, cuando se da un plazo de 10 días al Concello tudense para que tramite las actuaciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento a esa sentencia.

El Concello de Tui otorgó en el 2013 la licencia de actividad y de obra mayor a la pirotecnia La Gallega en Baldráns, pero un vecino recurrió la decisión municipal alegando irregularidades con la seguridad y que la empresa incurría en infracciones urbanísticas. Los tribunales le dieron la razón en el 2014, primero en instancia y posteriormente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, también afirma que la administración local ha cumplido su parte al anular las licencias, ordenar el precinto y cese de actividad, y encargar un proyecto de demolición. No obstante, indica que, al estar La Gallega en suelo rústico de especial protección, es competencia de la Xunta ejecutar dicha demolición y reponer la legalidad urbanística, aunque la entidad autonómica emitió un informe apuntando que es competencia del Concello le ejecución de dicha sentencia.

El pasado 3 de mayo, la jueza emitió una providencia en la que otorga 10 días al alcalde de Tui para que le remita las actuaciones que se estén llevando a cabo con el fin de dar cumplimiento a esa sentencia de 2014.

Por su parte, el gobierno local de Tui emitió un comunicado en el que manifiesta que ”se sigue tramitando el proyecto de demolición, pendiente en la actualidad de informes técnicos y jurídicos”. Asimismo, sostiene que se informó al juzgado en diciembre, después de una inspección del arquitecto, “en la que se comprobó que la pirotecnia seguía sin actividad”.

Asegura en el comunicado que el Concello emitió la orden de clausura y demolición en el mes de noviembre del 2015, y que posteriormente se presentaron diferentes recursos administrativos “hasta que en julio del 2017 el Concello acordó la ejecución subsidiaria” de la demolición, que aún no se realizó.