La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, acompañada de la responsable de Área, Joaquina Rubio, recibieron el pasado miércoles al gondomareño Brais Figueroa Pérez, un joven que lleva más de 7 años luchando para que se le reconozca una indemnización por un accidente de tráfico ocurrido cuando realizaba prácticas de grado medio de electrónica de vehículos en un taller de la zona.

En la reunión, la Defensora entendió perfectamente la situación que está padeciendo Brais y, a pesar de que en el aspecto judicial no puede intervenir por imperativo del artículo 20 de la Ley 6/1984 de 5 de junio, del Valedor del Pueblo, que regula esta institución, accedió a recibirlo dada la gravedad de la situación personal que está padeciendo. María Dolores Galiño se comprometió a estudiar su caso para que dentro de sus competencias y posibilidades intentar dentro de sus posibilidades el hacer algo que le mejorara su situación y se puso a su entera disposición para cualquier cosa que necesitara. Al mismo tiempo, le deseó suerte en el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo, esperando que fuera satisfactorio para las pretensiones de Brais.

“No puedo estar más que satisfecho y agradecido con el trato recibido por parte de la Valedora do Pobo y de su Responsable de Área, que a pesar de que no pueden hacer nada en el campo judicial, se mostraron muy empáticas con mi situación e hicieron que no tire la toalla y siga luchando en este caso. Esta visita me dio un soplo de esperanza y motivación”, afirmaba Brais Figueroa.

Un caso digno de estudio

En el 2014, Brais Figueroa estaba cursando estudios de grado medio de Electrónica de Vehículos Automóviles en el CIFP Valentín Paz Andrade, y mientras realizaba las prácticas de formación en un taller mecánico, tuvo un accidente de tráfico que le cambió totalmente la vida, padeciendo desde ese momento muchas secuelas que le impiden realizar una vida normal. Dicho accidente se produjo con el coche del taller en el que estaba realizando las prácticas, cuando acudía a recoger un repuesto a petición del propietario del mismo.

El primer diagnóstico fue fractura- aplastamiento vertebral L1, siendo sometido a una intervención quirúrgica el 17 de octubre de 2014 efectuándole una Fijación Vertebral Percutánea T12- L1- L2 “sistema Viper” con tornillos Poliaxiales y barras lordóticas. Diez meses después, y tras aportar informes del Dr. José R. Troncoso Durán y del Dr. Julián Fernández Martín, le retiran el material de Osteosíntesis.

Desde que tuvo el accidente, padece dolor dorsal y lumbar que no fue reducido por esta intervención quirúrgica, siendo propuesto para asistir a la Unidad del Dolor del Hospital Povisa, que tras más de diez sesiones recibiendo todos los tratamientos posibles de esa unidad (radiofrecuencias, radiofrecuencia bipolar, infiltraciones, iontoforesis, parches, etc.) no redujo para nada el dolor que estaba padeciendo.

Tras ser diagnosticado de síndrome/fenómeno de Nutcracker en TC realizado en el Hospital Povisa, y tras el informe del Dr. Moreno, el 31 de octubre de 2017 es sometido a una nueva intervención quirúrgica por el Dr. Emilio Peña en el Hospital Álvaro Cunqueiro para la liberación de la articulación costotransversa y cabeza costal, siendo dado de alta el 6 de noviembre y constando como enfermedad actual en el informe de alta: “dolor neuropático que ha recibido todos los tratamientos posibles por la unidad del Dolor (2 radiofrecuencias, la segunda bipolar, infiltraciones, iontoforesis, parches, etc.) el dolor es localizado en articulación costovertebral, intratable e incapacitante”.

Esta última operación de liberación del nervio de la articulación costotransversa y cabeza costal, fue la que realmente vino a quitarle parte del dolor que venía sufriendo desde el año 2014, quedando demostrado que, tras todas las sesiones de la Unidad de Dolor, el tratamiento con diferentes analgésicos, infiltraciones, parches, etc., lo único que le hizo casi desaparecer el dolor paravertebral fue dicha intervención.

En un primero momento, en el año 2014, presentó una reclamación ante la Consellería de Educación, remitiéndolo a la compañía de seguros, aún cuando él consideraba que la responsabilidad era de la Consellería. Siguió insistiendo varios años hasta que en el año 2017 le contestaron que la persona que llevaba el caso se había jubilado y que tenía que presentar una nueva reclamación. Presentó esta reclamación en el año 2018 y no fue hasta el año 2019 cuando le contestaron que estaba fuera de plazo, que el plazo de reclamación era antes del año 2016 y que por lo tanto le denegaban la solicitud.

“Por este motivo, acudí a los juzgados, pero para desgracia de una persona sin apenas recursos y mal asesorada, los distintos abogados que tuve no hicieron más que cobrarme por todos los trámites realizados, haciendo una nefasta defensa de mi situación, siendo incapaces de demostrar que la fecha de curación o en la que las secuelas se muestran como irreversibles, estabilizadas o consolidadas no es otra que la fecha de la última intervención quirúrgica. La justicia le dio la razón a la Consellería de Educación al considerar también que estaba fuera de plazo. Actualmente, estoy pendiente de presentar recurso en el Tribunal Supremo, una vez que me fue concedida una abogada de oficio”, explica el gondomareño.