ALFREDO

Frente común de colectivos sociales, alcaldes y representantes de los concellos del Val Miñor y Baixo Miño para mostrar su rechazo al proyecto de parque eólico Albariño I que afecta a los montes de Oia, Baiona y Tomiño.

Este jueves, más de medio centenar de personas convocadas por el Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) y SOS Groba, se han congregado en la plaza del Concello de Baiona. Al frente de la pancarta en la que se podía leer “Non ao parque eólico na Serra da Groba”, estaban los alcaldes de Baiona, Carlos Gómez, de Nigrán, Juan González, de Gondomar, Paco Ferreira, y de A Guarda, Antonio Lomba, así como el Concejal de Medio Rural de Tui, Rafael Estévez, Sara Vicente, Concejala de Medio Ambiente de O Rosal, Ana Belén Casaleiro, Concejala de Medio Ambiente de Tomiño, representantes de distintos grupos políticos de los ocho concellos y vecinos, para mostrar su unión para evitar que se instalen parques eólicos en la Serra da Groba.

El alcalde de Baiona, Carlos Gómez, calificó el parque de “espolio consentido por la Xunta” y seguirán hasta el final para evitar la instalación de 6 aerogeneradores, que abren la puerta a la “plantación” de 25 aerogeneradores más, aunque se contemplan más de 50 en los montes de las dos comarcas. El regidor baionés se mostró crítico con la ausencia de algunos de los representantes políticos de los concellos afectados, “estamos los que somos, pero no todos los que deberíamos estar”, espetó Gómez a los presentes y advirtió que si fuera preciso “llegaremos hasta el final, recurriendo a la justicia”.

Por su parte, el portavoz de SOS Groba, Bruno Centelles, calificó la instalación del parque eólico como “colonialismo do século XXI” por el modo de proceder de las autoridades en este asunto y extendió el problema a toda Galicia, así como a Castilla, Cantabria, León, Aragón, Teruel o Asturias, entre otros enclaves. “Os beneficios non son para a cidadanía, hai intereses de grandes empresas multinacionais e o verde non é ecolóxico, senón verde billete”, afirmó, y calificó de éxito las 3.000 alegaciones presentadas en tan sólo 15 días, cada una con 37 puntos.