“Nunca estivo no meu ánimo desobedecer unha resolución xudicial”
ALFREDO // Padín en rueda de prensa

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Decano de Tui contra el alcalde Carlos Vázquez Padín, por un delito de desobediencia por el presunto incumplimiento reiterado de la sentencia que obliga al precinto y demolición de parte de las instalaciones de la pirotecnia La Gallega, propiedad de Francisco González Lameiro, que actualmente está en prisión por la explosión de un zulo ilegal en Paramos.

El Ministerio Público concluye así la investigación abierta a instancias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra, que en el 2014 anuló las licencias de obra y actividad de esta empresa que González Lameiro sigue teniendo en Baldráns, otra parroquia de Tui ubicada a unos cuatro kilómetros de donde explotó el almacén ilegal en mayo.

Este procedimiento acabó en el 2015, cuando el Tribunal Superior de Galicia ratificó la sentencia del Contencioso, pero la ejecución de esta sentencia, que obliga a la reposición de la legalidad urbanística por un problema de retranqueo, por lo que conlleva el cierre de la actividad, las instalaciones y la demolición de varias de las casetas, aún no culminó tres años después. Durante este tiempo han sido otros tantos los alcaldes que han presidido la corporación municipal, aunque la jueza del Contencioso sólo pidió dictamen a la fiscalía sobre Carlos Vázquez Padín, que asumió el cargo el 17 de octubre del 2017 tras una moción de censura, por presunta inacción en la continuación del procedimiento.

El regidor recibió una primera multa coercitiva, que recurrió, a los pocos días de tomar el bastón de mando, pero el 3 de septiembre, la misma jueza le impuso ya una multa coercitiva de 1.500 euros y en su providencia argumentaba que “de la respuesta al requerimiento que se le formuló en mayo para que informase sobre las actuaciones practicadas en relación a este procedimiento, se desprende que no hizo ninguna“.

Además de sancionar al regidor y requerirlo de nuevo para que proceda “de inmediato al cumplimiento de la sentencia”, la juez insta a la Fiscalía a que informe sobre “la posible responsabilidad penal que le pudiera corresponder habida cuenta de los sucesivos requerimientos que fueron desentendidos por el mismo, pese a haber sido apercibido personalmente, así como la negativa persistente en torno al desarrollo de actividad de la pirotecnia”.

Es a partir de ese momento cuando el Fiscal investiga y su valoración es que sí hay indicios de un delito de desobediencia, por lo que ha presentado la denuncia. Ahora es el juzgado de Tui el que tiene que abrir diligencias y sólo al final de esa instrucción se sabrá si la autoridad judicial decide la apertura de juicio oral, momento en el que el Ministerio Público tendría que formular ya la acusación contra el alcalde.

El regidor, Carlos Vázquez Padín defendió su actuación ya ayer, tras publicar La Voz que el fiscal investigaba si había indicios de delitos y hoy se ratificó en sus declaraciones. “Non teño ningunha comunicación de que estea investigado“, ha contestado esta tarde. El regidor insiste en que “nunca estivo no me ánimo desobedecer ningunha sentenza xudicial“. Afirma que “non estivo nunca no meu ánimo desobedecer” y que “non estiven ben asesorado” indicando que nadie le advirtió de que había riesgo de responsabilidad penal. “Ata a providencia do 3 de setembro na que se impuña unha multa de 1.500 euros e se aludía a unha providencia anterior do 16 de xuño de 2017, que non figuraba no expediente e que xa advertía da posibilidade de responsabilidade penal cando aínda non era alcalde, ninguén me advertiu”, manifestó.

Asegura que cumple la sentencia “o ordenar o precinto das instalacións en setembro, e presentar hai uns días no xulgado o cronograma a seguir, tanto para o desaloxo como para o derrubo parcial destas instalacións”. Insistió en que la Subdelegación do Goberno ha de “colaborar” en el desalojo del material almacenado en los zulos, “porque la competencia sobre explosivos es únicamente del Estado” y que trabajan en el proyecto de derribo de julio del 2017 “para adaptalo de cara a cumplir a sentenza, porque non estaba claro”.