El grupo municipal del PP en Tomiño ha acusado al gobierno local del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de “abandonar e castigar” a las comunidades de usuarios de agua y a otros colectivos del municipio por haberles cobrado durante años la totalidad del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), pese a que la ordenanza municipal contempla bonificaciones para este tipo de actuaciones.
Los populares sostienen que estas entidades, así como comunidades de montes o asociaciones vecinales, han tenido que pagar íntegramente este impuesto en obras vinculadas al abastecimiento de agua o a proyectos de interés público, a pesar de que la normativa municipal recoge desde hace años la posibilidad de aplicar una bonificación de hasta el 95%.
Por ello, el PP llevó al último pleno municipal una moción para exigir que estos descuentos se apliquen de forma efectiva. La propuesta salió adelante por unanimidad, por lo que los populares reclaman ahora que el gobierno local comience a aplicarla de manera inmediata.
Desde el grupo municipal popular consideran que la situación resulta especialmente injusta para las comunidades de agua del municipio, que, según señalan, realizan una labor fundamental para garantizar el abastecimiento en el rural. “O goberno local leva anos abandonando e castigando ás comunidades de auga e a outros colectivos cobrándolles indebidamente a totalidade do imposto, cando a ordenanza recolle bonificacións para actuacións de interese público”, indicaron.
Los populares también recordaron que esta reclamación fue una de las principales demandas planteadas por las comunidades de usuarios de agua durante la presentación del Plan +Aqua de la Deputación de Pontevedra celebrada recientemente en Tomiño.
La portavoz municipal del PP, Mónica Otero, y la concejala Alba Martínez lamentaron además las explicaciones dadas por el gobierno local durante el pleno. Según señalaron, el ejecutivo admitió que las bonificaciones están recogidas en la ordenanza, pero justificó que no se aplicaron durante estos años alegando que se trata de cantidades reducidas y que su tramitación implicaría un procedimiento administrativo complejo.
En este sentido, ambas representantes populares consideran que ese argumento carece de sentido. “Para o Concello un imposto de 300 ou 400 euros será pouca cousa, pero para as asociacións é unha cifra importante que pode servir para mercar material ou facer pequenas obras”, señalaron.
Desde el PP insisten en que estas entidades desempeñan un papel clave en la vida social y económica del municipio y reclaman al gobierno local que deje de “maltratar” a colectivos que, aseguran, contribuyen al dinamismo del municipio y, en el caso de las comunidades de agua, suplen incluso competencias que corresponderían a la propia administración local.