10,00 h.- A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asinará co alcalde de Ames, José Miñones, a alcaldesa de Guitiriz, Sol Morandeira, e a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández, os respectivos convenios de adhesión destes municipios á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Na sala de xuntas da Consellería (1º andar). foto xoán crespo 30/10/2020

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, firmó esta mañana junto a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y los regidores de los Concellos de Ames y Guitiriz, su adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), lo que garantiza un correcto uso del territorio y la protección del paisaje. En estos momentos, 89 municipios gallegos están adheridos a esta agencia.

La APLU tiene por objetivo velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones, siendo un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente.

Ángeles Vázquez explicó que, en virtud de estos convenios, los Concellos delegan en la APLU las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a obras que se ejecuten sin licencia siempre que estén en suelo rústico no urbanizable y suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamento de desarrollo, y en núcleos rurales delimitados en el PXOM. Por otro lado, la APLU transferirá al Concello un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones.

El objetivo es seguir incorporando nuevos Concellos a esta agencia y fomentar la colaboración con los ayuntamientos adheridos, ya que los resultados muestran que la actuación conjunta es sinónimo de éxito. A modo de ejemplo, la conselleira argumentó que en 2019 -último balance completo disponible- bajaron el número de expedientes resueltos, lo que denota un aumento de la concienciación de la población y un ejercicio más, el número de ejecuciones subsidiarias, las realizadas por los particulares, fue de un 95%.